La situación de la aerolínea española está abocada a una intervención del Estado, que otorgó un préstamo participativo de más de 200 millones de euros a través de la SEPI, dependiente de Ministerio de Hacienda, y podría tener que convertirlo en acciones si la compañía se queda sin comprador y no puede hacer frente a sus obligaciones de pago.
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