En una nación que adoptó la forma de gobierno republicana —lo que implica que los actos de gobierno deben ser fundamentados y públicos—, el presente nos trae funcionarios que nos dicen que no informan por cuestiones de “confidencialidad”. Como si manejaran un fondo de inversión, que es el ámbito privado donde estaban ayer, antes de asumir la función pública que ocupan hoy. Aún no sabemos qué pasó con el oro que mandaron a Londres. O si nos llegó, y bajo qué condiciones, el swap del que nos enteramos por un Twitter de Scott Bessent.
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