Eran las 18.12 del lunes 9 de diciembre. La secretaria general del Grupo Socialista en el Congreso, Montse Mínguez, telefonea al diputado por Almería Juan Antonio Lorenzo Cazorla. No sabe nada de él. Necesita localizarle. Se reúnen los ponentes que han de debatir y votar las enmiendas al proyecto de ley que regula el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Lorenzo es miembro, como parte de la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica a la que se adscribe la ponencia. Pero no está en Madrid. Mínguez le pregunta.
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