La Ley de Memoria Democrática otorgó un plazo de dos años, prorrogado finalmente a tres, para pedir la nacionalidad española a los nacidos fuera de España cuyos padres o abuelos hubieran sido originariamente españoles y perdieran su nacionalidad por exilio político, ideológico, de creencias o por orientación e identidad sexual. Cerca del 40% de las solicitudes, en torno a un millón, incluyendo las aún sin expediente formal por falta de cita, proceden de Argentina. La red consular se enfrenta a un colapso.
