El Tribunal Supremo ha avalado que la recusación era el cauce legal adecuado para denunciar la falta de imparcialidad del tribunal que juzgó al exfiscal general Álvaro García Ortiz, un pronunciamiento que refuerza la tesis de que el proceso quedó viciado desde el momento en que se adelantó el fallo condenatorio. Así lo sostiene el abogado canario José Manuel Rivero.
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