En cada iniciativa pública hay participación privada. Cuando políticos hablan de colaboración público-privada hay algo más detrás: sortear la ley. En 2007 se soterró la M30; posiblemente necesario, pero brutal en magnitud y coste. Lo lógico es que la haga el Estado o Comunidad, pero la hizo una empresa (Emesa: 80% del Ayuntamiento, 20% de ACS y Ferrovial) que asumiría la deuda y mantenimiento. Los tribunales determinaron que era ilegal y que la deuda era del Ayuntamiento. En 2025 se puede hacer pública Emesa, y el Ayuntamiento lo va a hacer.
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