El parlamentario fue imputado tras una denuncia de EH Bildu, que aludía a la adjudicación “a dedo” de la gestión del polideportivo a una mujer “muy cercana al PNV”, quien además explotó el servicio sin ningún contrato y sin ninguna tarifa aprobada por el el pleno. De hecho, según la denuncia, el pago de la tasa se camuflaba como una supuesta compra de camisetas al Ayuntamiento de manera mensual.