Hace 14 años | Por oeee a publico.es
Publicado hace 14 años por oeee a publico.es

Las constructoras Sedesa y Lubasa, dos de las empresas que, según un informe policial sobre el caso Gürtel, financiaron ilegalmente al PP valenciano, obtuvieron plusvalías procedentes del erario público superiores al 10% y sin arriesgar un solo euro. Lo lograron gracias a la controvertida operación urbanística de El Cabanyal, auspiciada por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

Comentarios

CIB3R

Cabanyal y Gürtel en la misma noticia, combo x2 WIN

Tomaydaca

Lo de Cabanyal me suena a chiringuito playero, y el eco repite: chiringuito financiero....
Hay cosas que con solo unirse no son presuntas. Unidos Cabanyal y Gürtel, malo, Correa esta en la cárcel.

samdax

Politicos favoreciendo a empresas amigas? robando? enriqueciendose? donde esta la noticia?

tocameroque

Presuntamente financiaron ilegalmente, querido "Público", no hay nada probado. Son indicios. Hubo un concurso público.
Los concursos públicos de muchas cosas normalmente los ganan las empresas grandes que son las que reunen todos los requisitos, que son por su dimensión, pocas.

o

#2 "según un informe policial sobre el caso Gürtel". Lamento que hayas obviado en tu comentario que Público cita directamente el informe policial sobre el caso Gürtel, que considera probado que hubo financiación ilegal. No está probado ni investigado por la Justicia porque los jueves del TSJ presidido por el "más que amigo de Camps" Juan Luis de la Rúa decidió meterlo en un cajón y archivar el caso sin más.
Otro error, no hubo concurso público alguno. Cabanyal 2010 se constituyó entre el IVVSA, la Conselleria de Territorio y 11 constructoras privadas y ahora la Sindicatura de Comptes ha cuestionado abiertamente en su última auditoría la operación de salida de los ex socios de Cabanyal 2010, la empresa creada por Generalitat y Ayuntamiento de Valencia para desarrollar el plan especial del Cabanyal. El Sindic considera que la cantidad (7,8 millones de euros) pagadas por las acciones «no están suficientemente justificadas» y que las compensaciones (intereses) a los ex socios privados, cifradas en 800.000 euros, «no eran aplicables».
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