El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha señalado hoy en el pleno del Congreso que se han denegado ayudas y subvenciones a 46 personas en el marco de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, "por pertenecer al mundo de ETA". Fernández Díaz ha respondido así a una pregunta de la diputada de Amaiur Maite Ariztegi sobre si considera que todas las víctimas son una prioridad para el Gobierno.
#1:
Y lo son en base a que el ministro dice que lo son, no hacen falta ni jueces, ni leyes ni nada.
Estado de Derecho lo llaman.
#8:
"El Gobierno español está denegando indemnizaciones a víctimas del Batallón Vasco Español, los GAL y de otros grupos paraestatales, alegando que "los fallecidos eran «miembros de ETA", lo que en algunos casos no está judicialmente probado y en otros resulta abiertamente falso. Por ejemplo, lo único que consta de una víctima del BVE es que era «persona de ideología abertzale» y, según las noticias de cuando se produjo el atentado, que resultaba «cercano a Herri Batasuna», como la mayoría de los habitantes de Hernani en 1980.
(...)
Tras tener conocimiento el pasado año de que el Gobierno español estaba actuando de esta manera, Lehendakaritza encargo un informe al Instituto Vasco de Criminología, dependiente de la UPV-EHU. Dicho documento, firmado por el catedrático de Derecho Penal Ignacio Muñagorri y por la doctora en Derecho Penal Ana I. Pérez, sostiene que este proceder del Ministerio del Interior «resulta claramente contrario a la tutela judicial, al principio de presunción de inocencia y vulnera el principio de legalidad desde su perspectiva procesal, así como la división de poderes en que se fundamenta el mismo».
Pero el Instituto Vasco de Criminología va más allá y sostiene que la violación de los derechos fundamentales de estas víctimas son de tal gravedad y resultan tan suficientemente demostrados «que podría ser de aplicación el delito de `prevaricación administrativa'», que prevé una pena de inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años a la autoridad o funcionario público que, «a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria».
El Ejecutivo de Lakua tuvo conocimiento de que varias de estas personas se habían puesto en contacto con la Dirección de Víctimas para exponer que se les estaban denegando las indemnizaciones o el abono de la diferencia restante cuando se determinó un aumento de las cuantías. La justificación para ello era la introducción en 2012 de una modificación legal que hace referencia a los convenios europeos.
(...)
Más llamativo resulta el caso de una persona muerta por el BVE en Hernani en 1980, que solo aparece como simpatizante de HB en las crónicas de la época, y que quienes le mataron identificaron en el juicio como «persona de ideología abertzale». Ahora, 32 años después, un informe de la Dirección General de la Guardia Civil de fecha de 12 de diciembre de 2012 sostiene que «la víctima estuvo vinculada con la organización terrorista ETA». Y contra el recurso se añade que «la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Interior confirma la condición de miembro de ETA». El Instituto Vasco de Criminología considera «absolutamente inadmisible en derecho» y que «rompe gratuitamente la necesaria separación de poderes democráticos» que un mero informe policial pueda sustituir a una sentencia firme.
Por otra parte, sostiene que esta reforma legal en ningún caso puede ser aplicada con carácter retroactivo a personas que ya tenían el reconocimiento oficial de víctimas con anterioridad a 2012."
"El Gobierno español está denegando indemnizaciones a víctimas del Batallón Vasco Español, los GAL y de otros grupos paraestatales, alegando que "los fallecidos eran «miembros de ETA", lo que en algunos casos no está judicialmente probado y en otros resulta abiertamente falso. Por ejemplo, lo único que consta de una víctima del BVE es que era «persona de ideología abertzale» y, según las noticias de cuando se produjo el atentado, que resultaba «cercano a Herri Batasuna», como la mayoría de los habitantes de Hernani en 1980.
(...)
Tras tener conocimiento el pasado año de que el Gobierno español estaba actuando de esta manera, Lehendakaritza encargo un informe al Instituto Vasco de Criminología, dependiente de la UPV-EHU. Dicho documento, firmado por el catedrático de Derecho Penal Ignacio Muñagorri y por la doctora en Derecho Penal Ana I. Pérez, sostiene que este proceder del Ministerio del Interior «resulta claramente contrario a la tutela judicial, al principio de presunción de inocencia y vulnera el principio de legalidad desde su perspectiva procesal, así como la división de poderes en que se fundamenta el mismo».
Pero el Instituto Vasco de Criminología va más allá y sostiene que la violación de los derechos fundamentales de estas víctimas son de tal gravedad y resultan tan suficientemente demostrados «que podría ser de aplicación el delito de `prevaricación administrativa'», que prevé una pena de inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años a la autoridad o funcionario público que, «a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria».
El Ejecutivo de Lakua tuvo conocimiento de que varias de estas personas se habían puesto en contacto con la Dirección de Víctimas para exponer que se les estaban denegando las indemnizaciones o el abono de la diferencia restante cuando se determinó un aumento de las cuantías. La justificación para ello era la introducción en 2012 de una modificación legal que hace referencia a los convenios europeos.
(...)
Más llamativo resulta el caso de una persona muerta por el BVE en Hernani en 1980, que solo aparece como simpatizante de HB en las crónicas de la época, y que quienes le mataron identificaron en el juicio como «persona de ideología abertzale». Ahora, 32 años después, un informe de la Dirección General de la Guardia Civil de fecha de 12 de diciembre de 2012 sostiene que «la víctima estuvo vinculada con la organización terrorista ETA». Y contra el recurso se añade que «la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Interior confirma la condición de miembro de ETA». El Instituto Vasco de Criminología considera «absolutamente inadmisible en derecho» y que «rompe gratuitamente la necesaria separación de poderes democráticos» que un mero informe policial pueda sustituir a una sentencia firme.
Por otra parte, sostiene que esta reforma legal en ningún caso puede ser aplicada con carácter retroactivo a personas que ya tenían el reconocimiento oficial de víctimas con anterioridad a 2012."
#2En enero de 2001, el gobierno de José María Aznar concedió a Melitón Manzanas la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo, en aplicación de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo. Dicha ley, que había sido aprobada por unanimidad, establecía en su artículo 4 la concesión de este reconocimiento a todas las víctimas del terrorismo sin excepción, a petición propia o de sus herederos. http://es.wikipedia.org/wiki/Melit%C3%B3n_Manzanas
Y Alemania pagando a extrabajadores forzados de campos nazis, y España NO haciéndolo con exesclavos republicanos del Franquismo... Será porque son "del mundo democrático".
#7 por tener tiene varios nombres, pero quedémosnos con el legal, para evitar palabrotas
Ha agregado que el texto comunitario dice que se podrá reducir o suprimir la indemnización si la víctima o el solicitante participa en la delincuencia organizada o pertenece a una organización que se dedica a perpetrar delitos violentos
Entonces las 46 víctimas estarán en prisión o en busca y captura ¿no? Porque en caso contrario o está prevaricando por no juzgarlas o está mintiendo por acusarlas de pertenecer a ETA sin pruebas ni sentencia que lo avale
Si esas víctimas efectívamente eran de ETA, habían cometido algún atentado y tenían deudas pendientes con las víctimas, lo veo normal, siempre y cuando la indemnización del estado pase a esas víctimas.
Pero mucho me temo que...
...en ese caso el dinero no iría a las víctimas, sino que se lo queda el estado para si.
...muchos que ni siquiera tengan que ver con ETA también estarán sin indemnización, porque el GAL atacó a mucha gente ajena a ETA.
Y también me temo otra cosa: que para algunos "ser del entorno de ETA" sea cualquier persona que prescinda de votar al PSOE o al PP.
#10 La noticia, de hoy, empieza diciendo "El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha señalado hoy..." y tú me hablas de una noticia de hace un mes, pero gracias. Peor es lo del facha que ha votado errónea.
Es que el dilema al que se enfrenta el gobierno es serio. Pagar a las victimas del terrorismo que no sean victimas de la eta ofendería la memoria de las victimas de la eta.
Y nadie quiere ofender a las victimas aunque con ello se ofenda a las victimas del terrorismo.
Que quiten las indemnizaciones a las víctimas de ETA, porque está probado que estas víctimas están relacionadas y apoyan a un estado terrorista, que creó y financió el GAL.
Hijos de perra.
Comentarios
Y lo son en base a que el ministro dice que lo son, no hacen falta ni jueces, ni leyes ni nada.
Estado de Derecho lo llaman.
"El Gobierno español está denegando indemnizaciones a víctimas del Batallón Vasco Español, los GAL y de otros grupos paraestatales, alegando que "los fallecidos eran «miembros de ETA", lo que en algunos casos no está judicialmente probado y en otros resulta abiertamente falso. Por ejemplo, lo único que consta de una víctima del BVE es que era «persona de ideología abertzale» y, según las noticias de cuando se produjo el atentado, que resultaba «cercano a Herri Batasuna», como la mayoría de los habitantes de Hernani en 1980.
(...)
Tras tener conocimiento el pasado año de que el Gobierno español estaba actuando de esta manera, Lehendakaritza encargo un informe al Instituto Vasco de Criminología, dependiente de la UPV-EHU. Dicho documento, firmado por el catedrático de Derecho Penal Ignacio Muñagorri y por la doctora en Derecho Penal Ana I. Pérez, sostiene que este proceder del Ministerio del Interior «resulta claramente contrario a la tutela judicial, al principio de presunción de inocencia y vulnera el principio de legalidad desde su perspectiva procesal, así como la división de poderes en que se fundamenta el mismo».
Pero el Instituto Vasco de Criminología va más allá y sostiene que la violación de los derechos fundamentales de estas víctimas son de tal gravedad y resultan tan suficientemente demostrados «que podría ser de aplicación el delito de `prevaricación administrativa'», que prevé una pena de inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años a la autoridad o funcionario público que, «a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria».
El Ejecutivo de Lakua tuvo conocimiento de que varias de estas personas se habían puesto en contacto con la Dirección de Víctimas para exponer que se les estaban denegando las indemnizaciones o el abono de la diferencia restante cuando se determinó un aumento de las cuantías. La justificación para ello era la introducción en 2012 de una modificación legal que hace referencia a los convenios europeos.
(...)
Más llamativo resulta el caso de una persona muerta por el BVE en Hernani en 1980, que solo aparece como simpatizante de HB en las crónicas de la época, y que quienes le mataron identificaron en el juicio como «persona de ideología abertzale». Ahora, 32 años después, un informe de la Dirección General de la Guardia Civil de fecha de 12 de diciembre de 2012 sostiene que «la víctima estuvo vinculada con la organización terrorista ETA». Y contra el recurso se añade que «la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Interior confirma la condición de miembro de ETA». El Instituto Vasco de Criminología considera «absolutamente inadmisible en derecho» y que «rompe gratuitamente la necesaria separación de poderes democráticos» que un mero informe policial pueda sustituir a una sentencia firme.
Por otra parte, sostiene que esta reforma legal en ningún caso puede ser aplicada con carácter retroactivo a personas que ya tenían el reconocimiento oficial de víctimas con anterioridad a 2012."
http://gerindabaibi.blogspot.com.es/2014/03/interior-estaria-prevaricando-para-no.html
Iñaki Iriondo, en GARA
Pregunto: ¿a la familia del torturador Melitón Manzanas también se le denegó la indemnización por ser del fascismo?
#2 En enero de 2001, el gobierno de José María Aznar concedió a Melitón Manzanas la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo, en aplicación de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo. Dicha ley, que había sido aprobada por unanimidad, establecía en su artículo 4 la concesión de este reconocimiento a todas las víctimas del terrorismo sin excepción, a petición propia o de sus herederos.
http://es.wikipedia.org/wiki/Melit%C3%B3n_Manzanas
Merece la pena leer los links
pues esto tiene nombre y se llama prevaricacion
Y Alemania pagando a extrabajadores forzados de campos nazis, y España NO haciéndolo con exesclavos republicanos del Franquismo... Será porque son "del mundo democrático".
#7 por tener tiene varios nombres, pero quedémosnos con el legal, para evitar palabrotas
Ha agregado que el texto comunitario dice que se podrá reducir o suprimir la indemnización si la víctima o el solicitante participa en la delincuencia organizada o pertenece a una organización que se dedica a perpetrar delitos violentos
Entonces las 46 víctimas estarán en prisión o en busca y captura ¿no? Porque en caso contrario o está prevaricando por no juzgarlas o está mintiendo por acusarlas de pertenecer a ETA sin pruebas ni sentencia que lo avale
Si el GAL era ilegal sus víctimas deberían ser indemnizadas como tal. O el terrorismo de Estado no cuenta como agresión?
Si esas víctimas efectívamente eran de ETA, habían cometido algún atentado y tenían deudas pendientes con las víctimas, lo veo normal, siempre y cuando la indemnización del estado pase a esas víctimas.
Pero mucho me temo que...
...en ese caso el dinero no iría a las víctimas, sino que se lo queda el estado para si.
...muchos que ni siquiera tengan que ver con ETA también estarán sin indemnización, porque el GAL atacó a mucha gente ajena a ETA.
Y también me temo otra cosa: que para algunos "ser del entorno de ETA" sea cualquier persona que prescinda de votar al PSOE o al PP.
#10 La noticia, de hoy, empieza diciendo "El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha señalado hoy..." y tú me hablas de una noticia de hace un mes, pero gracias. Peor es lo del facha que ha votado errónea.
Aquí también para sacarse el pico lo mejor es tener el carnet del PPSOE, si no eres un antisistema sin derechos...
Es que el dilema al que se enfrenta el gobierno es serio. Pagar a las victimas del terrorismo que no sean victimas de la eta ofendería la memoria de las victimas de la eta.
Y nadie quiere ofender a las victimas aunque con ello se ofenda a las victimas del terrorismo.
Que quiten las indemnizaciones a las víctimas de ETA, porque está probado que estas víctimas están relacionadas y apoyan a un estado terrorista, que creó y financió el GAL.
Hijos de perra.
Estos PP-criminales respondern en nurenvergf.
Pues si es así y la explicación es solo por ser del entorno, me parece MAL. Me parece barriobajero.
Ahora bien, para opinar mejor, me falta información sobre casos concretos.
El peculiar ministro del opusdei entiende de aquella manera lo de que la ley igual para todos ...
¿Entonces si me pegan una paliza y me indemnizan con el tiempo me condenan a mi por pegar a alguien, tienen que retirarme la primera indemnización?
Opus Dei en crudo.
OyePancar, duplicada de qué.
#9 Madrid deja de indemnizar a víctimas de los GAL y el BVE por ser «del entorno de ETA»
Madrid deja de indemnizar a víctimas de los GAL y ...
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