Este es un asunto de los "pendientes" desde la transición. La iglesia pertenece al ámbito de lo privado por mucho que haya mucha gente que pertenezca a ella. Por lo tanto, su actividad ha de quedar fiscalizada de la misma manera en que lo sería una empresa. La actividad social que luego ejerza la Iglesia, que en muchos casos puede ser muy loable, no exime de su responsabilidad. Si ha de recibir alguna subvención -como cualquier otra ONG- se ha de comprobar la aplicación del dinero para el fin establecido, el sistema actual no vale. Y me guardo mi opinión acerca de la propia Iglesia, porque distorsionaría el comentario. Saludos
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igual con nueva ley electoral mejorarían...