España tiene la obligación de proteger y cuidar a los menores desamparados porque así lo indican acuerdos internacionales suscritos por España y sus propias leyes nacionales. Esto es indiscutible.
Pero hay otras cosas a tener en cuenta.
Toda la legislación citada se dictó pensando en diversos escenarios, desde catástrofes hasta desgracias particulares que podían poner en situación de vulnerabilidad a los menores, pero siempre INVOLUNTARIAS. Que esta legislación se esté utilizando como palanca para la inmigración ilegal es una desnaturalización clara del espíritu con la que se hizo.
Como hemos visto en la reciente crisis de Ceuta, incluso sus propias familias intentaban convencer a menores que querían volver a su casa para que se quedasen en España “porque tendrían un futuro mejor”. Es decir, son menores vulnerables en el momento en el que pisan suelo español, en Marruecos tienen casa y familia, en situación socioeconómica similar a la de otros cientos de miles de menores marroquíes. La situación de vulnerabilidad se busca expresamente entrando en España siendo menores porque así legalmente no se les puede expulsar, siendo evidente que su objetivo es inmigrar definitivamente por motivos económicos.
El problema de utilizar este sistema para la inmigración económica es que en el momento que cumplen 18 años, la obligación legal de España respecto a estas personas deja de existir y quedan en un limbo legal, porque ya no hay obligación legal de proporcionarles sustento, cobijo y educación como se tiene mientras son menores, pero tampoco se les quiere expulsar. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que se utilizan todos los resquicios posibles para que estos ex-menores se queden es España, como por ejemplo que se les incluya en programas de tutelaje, con rentas de inserción mientras encuentran trabajo (que en algunos casos se pueden extender hasta los 25 años) o directamente consiguiendo un trabajo. Y así vemos que existe hay toda una maraña de trabajadores sociales, educadores y asistentes, pagados con dinero público, claro está, que dedican su tiempo y energía a insertar laboralmente a los susodichos ex-menores.
Teniendo en cuenta que somos uno de los países de la OCDE con mayor fracaso escolar y campeones del mundo en desempleo juvenil, imagino que a muchos padres de chavales españoles con un futuro más negro que el hollín de un vespino les encantaría que sus hijos tuviesen el mismo apoyo que se dedica a los menores extranjeros para poder tener un futuro en su propio país.
Esto es lo que ha pasado hasta ahora. Ya se sabía que se estaba preparando un cambio en la legislación para que al cumplir los 18 años los ex-menores no sufriesen esos problemas.
Y ya está aquí.
Ahora la gente se va a enterar de que la obligación con los menores extranjeros termina cuando cumplen los 18 años, y que a partir de ahí se les podría expulsar a sus países. Y se va a enterar de que se pretende un cambio para facilitar que la ley del menor pueda seguir siendo utilizada, con mayor seguridad jurídica cuando se deja de ser menor, para promover la inmigración económica ilegal. Con el subsiguiente efecto llamada que bien destaca el Ministerio del interior. Y con el enfado del resto de países europeos, que se toman en serio estas cosas y donde por impedir la inmigración ilegal no te llaman fascista.
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EL LIMBO LEGAL DE LOS MENORES INMIGRANTES QUE SE HACEN ADULTOS
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#30 Por supuesto que sí. Todo funcionario de la administración, estatal, autonómica o local, al aceptar su nombramiento jura por su honor o sus convicciones respetar y defender la Constitución Española y todo el cuerpo legislativo español.
Vamos, que no es que debería renunciar a su cargo, es que ningún independentista debería ni siquiera plantearse opositar para un trabajo que exige ir contra tus creencias. Es como si un vegano se apunta a trabajar en un matadero.
Es de primero de coherencia y de credibilidad.