#30 De verdad que leyendo algunos comentarios no se si tenéis 12 años o estáis podridos por dentro. Destiláis el mismo odio que se respiraba en el entorno abertzale hace 30 años...
#2 Es lo que pasa cuando llamas vivienda protegida a viviendas que, pasado un tiempo, terminan en el sector privado. Muy neoliberal todo; eufemismos y neolengua a la par que subvenciones a lo privado, constructoras en este caso, para que al final los de siempre sigan forrándose.
1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) anunció una querella por un supuesto "delito de odio e injurias", mientras que Jucil afirmó que "estos mensajes socavan la autoridad de los cuerpos de seguridad y exigió "respeto institucional".
Un saludo a los que luego se les llena la boca de paguitas y demás chorradas contra el necesitado y les falta tiempo para tragarselas dobladas con casos como los de este meneo.
Desde hace al menos dos años, el policía local comenzó a alquilar decenas de estos habitáculos a personas vulnerables: trabajadores precarizados, familias migrantes, madres con niños pequeños, personas mayores o cuidadoras a quienes les es imposible hacer frente a los desorbitados precios de la vivienda en Mallorca.
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Fue a principios de 2024 cuando la Policía Nacional y la Policía Local de Palma comenzaron a investigar al agente, que no solo cuenta con habitáculos en la zona de Gomila, sino también en las proximidades de la calle Manuel Azaña y las zonas de Foners, Lluís Sitjar y sa Indioteria. Una vez personados en los mismos, los agentes comprobaron que muchas de las infraviviendas carecían de iluminación y ventilación alguna, siendo el espacio de 'vivienda' de entre ocho y 15 metros cuadrados en los que se ubicaba un WC, una ducha, un hornillo y un frigorífico.
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El agente municipal tenía instalado, además, un dispositivo para el control del consumo de electricidad de los habitáculos, lo que le permitía manipular las facturas de la luz para que los 'inquilinos' pagaran más de lo consumido. De acuerdo a las investigaciones llevadas a cabo, el policía, una vez finalizaba su jornada laboral en comisaría, se encargaba de la gestión de los inmuebles. El Govern balear le impuso una multa de dos millones de euros por explotar las infraviviendas, pero continúa cobrando alquileres y presionando para vaciar los habitáculos.
#2 uyquefrio 
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