Según el informe del Instituto Armado solicitado por la jueza de Llíria y que ya obra en su poder, dos personas clave de la Conselleria de Justicia que dirigía Salomé Pradas tuvieron acceso a la llamada que, posteriormente, fue manipulada y difundida de manera torticera. Se trata del exdirector general de Emergencias y mano derecha de Mazón en su etapa de presidente de la Diputación de Alicante, Alberto Martín Moratilla, y de Ricardo García García, subsecretario de la conselleria.
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