El colectivo, expresa su rechazo a la prórroga de la central nuclear de Almaraz y advierte de que es el primer paso para hacer saltar el plan de cierre y chantajear a la ciudadanía para que pague por su negocio y sus residuos radiactivos. La ampliación de explotación de la central significaría un obstáculo para la industria renovable de Extremadura, ahogando el nacimiento de un tejido socioeconómico local independiente de la industrial nuclear. La presidenta de la Junta de Extremadura, promueve este acuerdo con una rebaja de 40 millones euros
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