La Junta Electoral de zona de Ribadavia ha abierto expedientes de sanción contra diez cargos del Partido Popular, entre ellos su presidente y candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, por haber realizado diversos actos prohibidos por la Ley Electoral durante la campaña. Son, en total, cinco expedientes de sanción por la infracción del artículo 50.2 de la Ley Electoral.

La gran Área de Prioridad Residencial (APR) de Centro, distriro donde residen unas 150.000 personas, entrará en funcionamiento en enero de 2018, según ha avanzado el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo. Esta nueva fecha supone incumplir la promesa del Gobierno de Manuela Carmena (Ahora Madrid) con los vecinos, ya que el compromiso era que estuviese operativa a principios de 2017. La gran APR de Centro podría estar formada por "una o dos" zonas, en función de si se parte por Gran Vía.

El programa del PP para las elecciones sostiene en su página 78: "Rebajaremos la carga impositiva que enfrentan los ciudadanos". Pese a tan tajante afirmación, Cristóbal Montoro ha afirmado, tras anunciar una nueva subida de impuestos, que no han incumplido lo prometido en campaña. A preguntas de Pablo Montesinos, Montoro ha respondido: "No había promesa electoral de bajar los impuestos, porque no la había haber". "Las promesas electorales las estamos cumpliendo", ha añadido.

Hoy nos ha sido notificado un Auto del Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid que acuerda “el sobreseimiento provisional y archivo” del procedimiento que seguía abierto contra los titiriteros por un presunto delito “cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución” (art. 510 del Cp).

Los acusados consideran que 'se están movilizando recursos y funcionarios públicos para algo que es una tontería'. La aplicación de la polémica "ley mordaza" está siendo, cuanto menos, polémica. El último caso: un usuario de Facebook al que, posiblemente, puedan imponer una multa de 30.000 euros por subir el vídeo de un policía corriendo detrás de un delicuente. Como el agente no consigue atrapar al perseguido, los autores del vídeo empiezan a lanzar comentarios jocosos. Y, por lo visto, ahí está el delito.

Hoy informa el periodista Federico Castaño de cómo Felipe González había ido comunicando de forma periódica a Mariano Rajoy cada uno de los detalles del Golpe que iba a producirse contra la secretaría general de su propio partido: contra Pedro Sánchez. Asimismo, sabemos gracias a esta información que la operación ha estado perfectamente coordinada, y que no solo han participado en ella personas como Alfredo Pérez Rubalcaba, Carme Chacón, Eduardo Madina o Susana Díaz, sino que también ha contado con la mirada expectante –cuando no directame...

El subdelegado territorial de Ciudadanos en Andalucía, Eugenio Rodríguez, aparece en una grabación, dando instrucciones precisas sobre cómo contratar personal para el partido con el dinero de las arcas municipales. Ciudadanos abrirá un expediente informativo para conocer lo que ha sucedido y en consecuencia actuará", informan en un breve comunicado a petición de este periódico.

"Primero nos dieron largas, no sospechábamos que podría suceder algo así. Esperamos prudentemente, les llamamos, nos comentaban que estaban haciendo sus números y todo para al final decirnos que no cubrieron los gastos, que no facturaron lo suficiente y que por lo tanto no podían darnos nada", ha asegurado este martes Serafín de Abajo, presidente de la AECC León. Para este presidente no hay dudas los promotores son gente que abusa de la solidaridad para beneficiarse ellos. La organización corrió a cargo de 4G Producciones y la Orquesta Panorama

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ha lamentado este jueves el reguero de filtraciones que están salpicando a casos como la operación Lezo y ha planteado la aplicación de medidas sancionadoras contra los medios de comunicación que las publiquen.

"Mis compañeros se han contaminado por las cloacas y la mamandurria del poder".

En febrero de 2016 entró en vigor en Francia una ley revolucionaria. El Estado obliga a los supermercados a no tirar la comida no vendida, destinándola a organizaciones de caridad o bancos de alimentos. Asimismo, los restaurantes también están obligados desde entonces a preparar bolsas de comida sobrante para mascotas si así lo requerían los clientes.

La trama maquilló el lanzamiento de un tupper a la lideresa y las críticas por sus “mamandurrias”

En las portadas de la prensa tradicional aparece poco o nada resaltada la noticia más comentada sobre Cristina Cifuentes.

La Universidad del máster de Cifuentes es una “agencia de colocación” para esposas, hijos, hermanos, sobrinos y cuñados.Entre los parientes de relevantes políticos figuran Margarita Cifuentes, la hermana de la propia Cristina Cifuentes; la prima de Ruíz Gallardon, Isabel Ruíz Gallardon de la Rasilla; la sobrina de Mayor Oreja, Isabel Mayor Bastida; la cuñada de Francisco Granados, María del Mar Alarcón o Javier de Esteban, el hijo de un miembro de la Junta Electoral Central nombrado por el PP Alonso de Esteban..mujer y la cuñada de Pedro Gonzal

Exclusiva de "eldiario.es". Así ha evolucionado el curriculum de Cristina Cifuentes.

Peter Ford explica en la cadena Fox como los americanos han sido engañado por los Cascos Blancos a los que considera auxiliares de los yihadistas, en el ataque químico en Ghouta.

Fuentes de la formación conservadora reconocen su temor a que ese escenario impulse al extesorero a realizar nuevos movimientos incriminatorios con Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal como principales destinatarios.

La Junta de Andalucía oculta a toda prisa las primeras ramificaciones de la enorme trama que comercializa con jamón podrido en media España. La rápida destrucción de la mercancía se ha realizado sin autorización judicial y sin haber avisado ni a la fiscalía ni a ningún juzgado de guardia. Fuentes de la investigación justificaron la rápida destrucción porque no se había detectado la trazabilidad de los productos. Pero en los vídeos difundidos por la Guardia Civil se puede comprobar fácilmente la existencia de la trazabilidad en el etiquetado.

La activista ucraniana Katerina Handziuk, conocida por investigar casos de corrupción policial en el país, falleció este domingo tras sucumbir al ataque con ácido que recibió hace tres meses, según confirmaron fuentes oficiales al portal Radio Free Europe/Radio Liberty.

Tanto el juez Fernando Andreu como la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional estuvieron al corriente desde el primer momento de la detención del franquista que tenía un arsenal y planeaba matar a Pedro Sánchez, pero decidieron no investigar el caso. Mes y medio después, cuando 'Público' desveló la noticia en exclusiva, la Audiencia negó conocerla, pero acabó retractándose 24 horas más tarde porque el desconocimiento era un escándalo aún mayor que el de haberse inhibido.

Lo hizo dirigiendo un durísimo escrito al ministerio en el que calificaba las medidas de "frívolas" y de "atentado contra la libertad de empresa" El firmante del texto fue Jorge Fernández- Ordás, socio del bufete de Lamela y exdirector general de farmacia de la Comunidad de Madrid, que se encarga de la representación legal y la gerencia de la Asociación Nacional Empresarial del Laboratorio Clínico. Relacionada: menea.me/20cay

A ver si lo he entendido bien. Vivimos en una dictadura comunista en la que el partido de la Ley Mordaza dice que la izquierda amordaza. No tenemos libertad de expresión pero la oposición puede llamar libremente dictador al presidente y criminal al Gobierno. No es legítimo un Gobierno elegido en las urnas, pero es legítimo amagar con golpes de Estado.

Una carta abierta publicada por un inversionista de GameStop (GME) hace una declaración de principios ante los fondos de inversión y los medios de comunicación tradicionales, además de invitar a la generación boomer (1946-1964) a rechazar la manipulación de la economía y las finanzas por parte de las instituciones tradicionales.

El club blanco era consciente de los riesgos tributarios, pero aun así aceptó el acuerdo con Providence: “Esta estructura será cuestionada con casi total seguridad por Hacienda”.