La dirigente madrileña ha replicado que “solo un dictador les puede obligar [a los médicos] a hacer lo que no quieren hacer”, algo que es falso y que no dice en ningún momento la ley: lo que tiene que hacer la Comunidad de Madrid es un registro de acceso reservado y sin pedir el motivo de facultativos objetores para poder organizar los servicios y garantizar el derecho al aborto para todas las mujeres que así lo decidan en la sanidad pública.
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