La propuesta, impulsada por varios sindicatos y avalada por 138.000 firmas, ha recibido 44 votos en contra (PNV, PSE-EE, PP y Vox) y 27 a favor (EH Bildu y Sumar), y no será debatida en la Cámara autonómica. Los defensores de la iniciativa han denunciado un bloqueo democrático que impide a la ciudadanía intervenir directamente en la legislación.
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