El sindicalismo confederal debe hacer pública una propuesta de reforma de las consecuencias del despido improcedente. Una propuesta que se centre en una indemnización mínima de carácter disuasorio con independencia de la antigüedad del trabajador en la empresa, reconocimiento de los salarios de tramitación en el caso de despido improcedente, inversión de la opción entre la readmisión o la indemnización en los supuestos del despido sin causa o fraudulento.
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