En toda la capital, la gente trabajadora común y corriente —enfermeros, conductores de autobús, dependientes, repartidores, obreros de la construcción— está sufriendo graves consecuencias económicas debido a un mercado de alquileres que se ha disparado hasta tal punto que la brecha ya no puede describirse como una crisis. Es un colapso. No se trata de un desastre natural. Es el resultado previsible de décadas de decisiones políticas, como la retirada del Estado de la vivienda social o el tratamiento de las viviendas como activos de inversión.

De esta forma, los compradores podrían solicitar una hipoteca a las entidades bancarias, en la que todos figurarían como titulares del préstamo y responderían de forma solidaria ante el banco. Esto quiere decir que, si uno de los propietarios deja de pagar la cuota que le corresponde, el resto de los titulares debería asumir la deuda. Las entidades bancarias suelen ser reticentes ante este tipo de operaciones, les genera tensión que no haya una relación afectiva o personal, aunque "existen neobancos que sí están más abiertos a estas cosas".

Los hogares más pobres han salido del grupo de inquilinos del mercado. El porcentaje de población que vive de alquiler correspondiente al tramo más bajo de ingresos ha disminuido del 37% al 32%. Esta población no desaparece pero sí se desplaza a otras formas de arreglos familiares o informales. Por otro lado, el mercado del alquiler está incorporando a los hogares de renta media y renta media-alta. «El indicador mejora, mientras el acceso empeora».

Una empresa online se dedica exclusivamente a la venta de habitaciones en pisos compartidos con desconocidos. El comprador de la habitación se convierte en copropietario indiviso del inmueble, con una cuota asociada de forma registral a la estancia concreta. Ese título otorga el uso exclusivo de la habitación y el uso compartido de las zonas comunes. Todo queda perfectamente detallado en una escritura que especifica metros, anejos y un contrato con estrictas normas de convivencia. Ya cuentan con una lista de espera de más de 32.000 interesados.