Recientemente, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto que modifica la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, de manera que comienza su trámite parlamentario. Queremos valorar dos asuntos concretos que incluye este proyecto, y cuya aplicación suscita debates y dudas: la objeción de conciencia y el cumplimiento del mandato para que los abortos se realicen en el circuito público de salud, lo que implica que todos los centros sanitarios cuenten con estructura, capacitación y medios.
Comentarios
Yo esto lo tengo muy claro: que en los hospitales públicos se reserven un mínimo de plazas para ginecólogos que no sean objetores de conciencia, de forma que se garantice ese servicio a los ciudadanos.
Si no tienes méritos suficientes para optar a una plaza que permita objetar, lo siento mucho, haber estudiado más o haberte hecho dermatólogo.
Te digo que más de uno se replanteaba la objeción.