Los hechos fueron denunciados por Facua en 2023, tras conocer que habían implantado un sistema de reconocimiento facial como única forma de permitir el acceso a las instalaciones. (...) Según ha indicado el organismo, originalmente se habían impuesto tres multas que sumaban 160.000 euros, pero la penalización fue reducida en un 40 % dado que la empresa propietaria, Sidecu SA, ha reconocido la infracción y hecho un pago voluntario.
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