La obligación futura de las balizas V16 no era un escenario probable: no existía presión social ni necesidad técnica; los triángulos seguían vigentes; las aplicaciones móviles cubrían parte de la función; las alternativas tecnológicas eran amplias. Una empresa que fabrica algo que nadie compra no está innovando; está apostando por intervención estatal. Y cuando esa intervención se materializa en una obligación legal para millones de ciudadanos, la sospecha deja de ser moral y se convierte en estructural.
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