En mayo de 2015 el presidente boliviano, Evo Morales, promulgó el Decreto Supremo 2366 que autoriza el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en estas áreas protegidas. Campanini cuenta que este decreto fue impugnado por la Defensoría del Pueblo —representada en ese entonces por Rolando Villena— por considerarlo anticonstitucional, sobre todo por los efectos que tendría esta norma sobre los derechos de los pueblos indígenas que habitan en las áreas protegidas, pero este recurso no resultó favorable.