La invocación a la Ley General de Protección de Datos se ha convertido en un recurso perverso para obstaculizar la investigación sobre la historia reciente. La disposición por la que la Universidad Alicante ha ordenado suprimir de sus motores de búsqueda el nombre del secretario de la causa contra Miguel Hernández es una intolerable acción de censura contra una investigación académica irreprochable. El "derecho al olvido" en la era digital no puede amparar a quienes ejercieron tareas públicas muy concretas en al aparato administrativo, judicial
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Es evidente que ha habido algo por parte de alguien respecto de algo en algún sitio
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La Universidad de Alicante borra de su web el nombre de un miembro del tribunal que condenó a muerte a Miguel Hernández
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