El Ayuntamiento de Barcelona solicita, al igual que la fiscalía, importantes penas de prisión para los tres principales acusados en la trama de corrupción de pisos turísticos en Ciutat Vella: al que fuera jefe de servicios técnicos, Helidoro Lozano; a la entonces responsable de la asesoría jurídica del distrito, Elena Ariza, y al ingeniero Joaquim Quílez.