La norma, conocida como CDI, permitiría que empresas de este lado de la frontera se instalasen en el país pirenaico donde tributarían muy por debajo de lo que se hace en España en Sociedades o Renta. Rel: Un país para espabilados
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A finales de junio está prevista la entrada en el Congreso de diputados del llamado convenio de no doble imposición entre España y Andorra, conocido como CDI. El documento se firmó el 25 de abril pasado por parte del Consejo de ministros español. Es fruto de un inesperado encuentro entre los presidentes español y andorrano.
El acuerdo, que necesita ser ratificado por las Cortes y el Senado, ha pasado sin levantar polvo entre la opinión pública española. Esto ha sido así a pesar de coincidir con hechos muy vistosos como la intervención de la Banca Privada Andorrana (BPA) y su filial española Banco Madrid.
La plataforma por una fiscalidad justa sí que se ha fijado en el contenido del acuerdo y ha dado un grito de alerta respecto a las consecuencias económicas que puede tener para el fisco de España, según explica Montserrat Segú.
Según la plataforma, el CDI facilitará la deslocalización fiscal de empresas españolas al principado. El acuerdo se ha publicitado publicitado como una fórmula para a evitar la doble imposición sobre la renta, añadiendo que no tendrá repercusiones para la evasión fiscal, pero detrás hay letra pequeña, afirman los componentes de la entidad ciudadana.
Andorra era conocida hasta hace unos años por casi no aplicar impuestos directos. A partir de 2008 el país cambió su modelo económico y realizo una cierta obertura. La llave en este aspecto es intentar atraer empresas de otros países. Para hacerlo utiliza tipos bajos que posibiliten lo que se llama dumping fiscal. Porque el Principat tiene ahora impuestos a las personas y empresas, cosa que permite pasar la norma de los organismos internacionales para la consideración de paraísos fiscales, pero con unos porcentajes muy bajos, en los dos casos el máximo es el 10%, a pesar que en renta se paga a partir de los 25.000 euros de ingresos.
Centrando el foco en el CDI la atracción que sobre las empresas españolas puede tener el acuerdo es clara. España cobra el impuesto de sociedades a un tipo que puede llegar al 25% de los beneficios. Andorra ha fijado un tope máximo del 10%. Pero, la legislación andorrana ha fijado además un conjunto de actividades con una tributación sobre sociedades todavía más baja. Empresas como las que se dedican a la gestión y inversión intragrup, al trading internacional, a la explotación de intangibles y las sociedades de posesión de valores (Holdings) serán consideradas en Andorra como a empresas de régimen especial y pueden ver, por tanto, su tributación rebajada hasta el 2%, afirma la plataforma.
Las mencionadas facilidades son susceptibles de atraer empresas españolas que formando parte de un grupo se especialicen, por ejemplo, en la financiación de filiales, porque para el grupo eso implica una reducción de la facturación del conjunto y, en el caso de la sociedad andorrana pasar a cotizar por los beneficios y poder hacer lo a un 2%. Con esta política Andorra busca aplicar el que ya se hace en otros países como Liechtenstein, Irlanda o Guernsey, al canal de la Mancha.
Pero, el país de los Pirineos, tiene muy claros los límites de su apertura. Las rebajas fiscales se dirigen hacia aquellos ámbitos en los cuales la presencia de empresas extranjeras no supongan competencia a las nacionales. Las autoridades del país verían bien que se implantasen sociedades, por ejemplo del sector informático o la cosmética, que además de tener niveles altos de facturación no contaminan. Ahora bien, para abrir sede en Andorra hará falta, además del permiso gubernamental, tener una sede física, de 20 m2 como mínimo, y crear un lugar de trabajo, de media jornada com mínimo, cosa que la aleja del modelo de Gibraltar.
Pero, Andorra no sólo se interesa por las empresas, los cambios legislativos miran también de atraer personas con altos niveles económicos, como residentes fiscales. El acuerdo que tiene en trámite el gobierno español mejora la seguridad legal de las personas que fijen en aquel lugar su residencia para reducir el pago al fisco. La norma, de aprobarse, evitaría las denominadas falsas residencias como las que han afectado personajes conocidos del mundo del deporte o espectáculo en Cataluña.
La plataforma por una fiscalidad justa denuncia el intento para hacer pasar el acuerdo como si sea, como si no tuviese transcendencia económica en España. Y ya destacan que justo después de la firma del pacto se han producido movimientos tendentes para publicitar las ventajas que para las empresas que cotizan en España tendrían. Así, la confederación de Empresarios de Andorra (CEA) ha hecho seminarios en Barcelona con el título «Invertir en Andorra». La Banca Mora hizo en el mismo sentido, una presentación en Barcelona, precisamente de la mano del despacho Cuatrecases el 13 de mayo pasado. El grupo TAX Duran Sindreu anunció también un acto en Tortosa para informar de las nuevas condiciones para invertir en Andorra.
En la lista negra de la UE
Todos los mencionados movimientos ha topado con circunstancias imprevistas. Una ha estado la crisis de la BPA y su filial española. Otra es, quizás, el miedo del gobierno español que si tarda en aplicar la norma no podrá hacerlo como hasta ahora porque es difícil pensar que en el futuro se repetirán mayorías absolutas como la actual.
Finalmente, otro imprevisto. Hace 3 años la OCDE sacó Andorra de la lista de paraísos fiscales. Desde aquel momento el principado ha firmado una veintena de acuerdos de intercambio de información fiscal con otros países, a pesar de que no habrá hasta el 2018 el intercambio automático de información. Puede ser por este motivo que la lista de paraísos fiscales elaborada por la Unión Europea todavía incluye a Andorra entre los que no son colaboradores en materia de lucha contra el fraude y la evasión fiscales.
Todas las dudad anteriormente mentadas hacen que haya una campaña en marcha para conseguir que los diputados no ratifiquen el CDI. En el ámbito ciudadano hay una recogida de firmas entre la población por lo que se considera un peligro para la recuperación económica si se facilita, de alguna manera, la fuga de ingresos fiscales, que minarían la ya muy reducida recaudación de impuestos entre las empresas en España.
La Comisión Europea volvió a incluir esta semana a Andorra en la lista de paraísos fiscales
#3 Sí, lo vi en La Comisión Europea publica "lista negra" de paraísos fiscales
La Comisión Europea publica "lista negra"...
eleconomista.com.mxNos meten cada gol mientras nos distraen con twitter
Pero esto no sale en las portadas. Es más grave un chiste.
Vamos que quieren que se pueda declarar impuestos en Andorra para después sacarlos a España y que sean legales. Es decir, más política para sus amigos. Vergonzoso.
#5 Y encima, no sale en los medios de comunicación y por tanto la gente no se entera.