El comunicado detalla múltiples señales de fraude, alteraciones de última hora en los lugares de votación, uso arbitrario de recursos estatales con fines clientelistas, exclusión de veedurías internacionales y la suspensión del voto de miles de ecuatorianos en el exterior. Además, denunciaron la imposición de un estado de excepción dirigido selectivamente contra territorios históricamente combativos, calificándolo como una estrategia de represión en lugar de una medida de seguridad.
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