“El sistema de impunidad construido por los tres poderes del Estado tras la muerte de Franco se ha mantenido básicamente hasta hoy en día”, sostienen los firmantes, que hacen referencia al mantenimiento de la Ley de Amnistía o la Ley de Secretos Oficiales, de la que actualmente el Congreso tramita una reforma. También apuntan a que las políticas de memoria histórica están “más orientadas a reconocimientos institucionales” que a “facilitar el acceso a la justicia” y censuran que el poder judicial “se niegue reiteradamente a investigar y enjuicia
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