El 15 de diciembre de 1987 el periodista Antonio Fernández -El Periódico- publicaba una pieza titulada "Los 'ultras' copan puestos en las listas de los funcionarios". Fernández destapaba en el cuerpo de texto del artículo que "funcionarios de ideología ultraderechista se han integrado en listas de independientes para las elecciones sindicales en el Ayuntamiento de Barcelona". Este periodista destacaba el caso de la cabeza de lista de la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), Francisco Javier Cañadillas, que fue detenido -b
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Las conexiones de la Guardia Urbana de Barcelona con la corrupción y la extrema derecha
Algunos dirigentes sindicales de la policía municipal iniciaron su trayectoria personal y profesional como radicales defensores de la dictadura de Franco
Tras la entrevista que Mònica Terribas dio el 20 de enero a Ángel Marcos González Campocosio, secretario general del Sindicato de Agentes de Policía Local (SAPOL), y de su participación en el debate del programa Punt.cat TV3, aparecieron gran número de comentarios en las redes sociales y en varios blogs donde se calificaba este representante sindical de "maleducado", "pijo" y "Torrente".
En relación al caso 4F, del que habla el documental Ciudad Muerta, González Campocosio afirmó que "una investigación interna no sirve para nada, hasta me hace gracia". Poco después de la emisión del documental, el ex sargento de la Guardia Urbana José Martínez aseguró que uno de los problemas de este cuerpo policial es el corporativismo y el hecho de que los abusos "se tapan" por parte de los mandos. Otro policía local en activo, pero en este caso preservando su identidad, se puso en contacto con la Directa y nos alertó de un extremo que hasta ahora no habíamos podido certificar: "dentro del cuerpo hay muchos fachas, algunos que vienen del franquismo y otras muy jovencitos, aquí tenemos uno de los principales problemas ". ¿Qué hay de cierto en todo esto? Para sacar el intríngulis hemos revisado archivos y os ofrecemos un extracto de los vínculos entre la Guardia Urbana de Barcelona y la extrema derecha, así como de los casos de corrupción más destacados en su historia reciente.
El 15 de diciembre de 1987 el periodista Antonio Fernández -El Periódico- publicaba una pieza titulada "Los 'ultras' copan puestos en las listas de los funcionarios". Fernández destapaba en el cuerpo de texto del artículo que "funcionarios de ideología ultraderechista se han integrado en listas de independientes para las elecciones sindicales en el Ayuntamiento de Barcelona". Este periodista destacaba el caso de la cabeza de lista de la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), Francisco Javier Cañadillas, que fue detenido -bajo la aplicación de la ley antiterrorista en julio de 1980, acusado junto a otros diecisiete militantes de extrema derecha de asaltar el 19 de junio de 1980 -con piedras, botes de humo y cócteles molotov- la sede de la Unión de Centro Democrático (UCD) en la Avenida Diagonal de Barcelona. La resolución judicial por aquellos hechos se hizo esperar cuatro años, hasta el 21 de marzo de 1984, y la dictó el tribunal de la sección primera de la Audiencia de Barcelona, presidido por el juez Adolfo Fernández Oubiña. Según recoge la sentencia condenatoria, los hechos que rodearon la manifestación convocada bajo el lema "El Día de la Patria Española", componen "una extraña amalgama de situaciones delictivas, sólo explicables si de una banda armada se tratara". Alfredo Blas, uno de los líderes del grupo, fue condenado a ocho años de prisión por posesión de dos metralletas "Ingram M-10" -consideradas armas de guerra-, y Francisco Javier Cañadillas a un año de prisión por tenencia de tres pistolas.
Un juez alertó de la presencia de policías condenados
En las elecciones sindicales de 1987, también se presentó Manuel Arrocha, como número dos de la Asociación Profesional de los Funcionarios del Cuerpo de la Policía Municipal (APFCPM). Arrocha acumulaba una larga trayectoria delictiva: condenas por estafa, imprudencia punible, libremente de cheque en descubierto, coacciones, apropiación indebida, falsedad y lesiones. Había pasado diez años en prisión. En una sentencia dictada por el magistrado Manuel Sáez Parga se hacía referencia a él con estas palabras: "es plenamente sorprendente como esta persona, con un historial delictivo en el que está el más amplio abanico de conductas antijurídicas culpables y punibles de estafa (... ), pueda estar ocupando lugar de ordenanza al excelentísimo ayuntamiento de la ciudad ". Poco después de aquella sentencia Arrocha se integró a la Guardia Urbana.
Cañadillas, actual dirigente de la ASI
Francisco Javier Cañadillas, recientemente jubilado, aunque es el máximo dirigente de la Asociación Sindical Independiente (ASI), tiene despacho en las oficinas municipales de la avenida Francesc Cambó y consiguió un 9,22% de los votos en las elecciones sindicales de la año 2011 en el Ayuntamiento de Barcelona, con una participación del 51,8%. Recibió 474 votos entre el conjunto de los funcionarios del ayuntamiento, 45 de estos agentes de la Guardia Urbana. La ASI conserva cuatro representantes sindicales en la junta de personal de un total de 39 delegados. Completan la junta los once representantes de CCOO, diez de UGT, nueve de SAPOL y cinco de la CGT. En el número 7 de la revista Panóptico, editado en 2005 por la Editorial Virus, el equipo de investigación del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, explica que Cañadillas fue, a mediados los años 90, uno de los fundadores de la ASI, conjuntamente con ex miembros del Partido Español Nacional Sindicalista (PENS). Según el periodista Mariano Sánchez Soler, el PENS fue fundado en 1969 como organización universitaria "encargada de practicar la violencia contra grupos de estudiantes de izquierdas". Soler, además, afirma que estaba subvencionado por el Servicio Central de Documentación de la Presidencia, creado por el presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco.
El superintendente Delgado y el franquista Royuela
El episodio más grave de estas oscuras relaciones entre la Guardia Urbana de Barcelona y la extrema derecha se vivió en 1995 cuando, el superintendente Julian Delgado fue detenido como presunto autor de un delito de falsificación en co ración con el subastador y militante de extrema derecha Alberto Royuela. Delgado, ex oficial del ejército y durante quince años integrado en el Cuerpo Nacional de Policía, llegó al Ayuntamiento de Barcelona de la mano de Narcís Serra. Había trabajado ocho años junto al concejal socialista Juan Torres y contaba con la confianza plena de Pasqual Maragall. Fue terminantemente cesado y durante años estuvo en situación de busca y captura judicial. Una cuidadosa investigación del servicio de asuntos internos demostró que Delgado había filtrado a Royuela un documento del padrón municipal que el subastador utilizó para falsificar la herencia de una mujer muerta y apropiarse ilegalmente de 50 millones de pesetas.
La trayectoria de Royuela a la extrema derecha no deja margen de duda: secretario general de la guardia del Generalísimo Franco y candidato de Estado Nacional Europeo en las elecciones del 28 de mayo de 1995. En su currículum figuran también la detención por su presunta implicación en el atentado mortal en el semanario El Papus y por el asalto a la sede del Banco Central en Barcelona. Sin embargo, en ambos casos fue absuelto por falta de pruebas. Santiago Royuela, uno de los hijos de Alberto Royuela -como buen sucesor de la nissaga-, fue detenido por el intento de atentado con una olla presión cargada de explosivos en marzo del año 2001 en las Cotxeres de Sants , pocas horas antes de un concierto de KOP y Habeas Corpus.
La Fiscalía acusó a dos agentes de apropiación indebida
Leopoldo Villagra, presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME), en 2010 se sentó en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Barcelona. Afrontaba una pena de tres años y ocho meses de prisión por la presunta apropiación indebida de 22.450 euros de los fondos sindicales. La justicia lo absolvió al considerar que los gastos "podrían ser calificadas de suntuarias e incluso impropias de una gestión sindical pero que no son los tribunales los que deben pronunciarse sobre qué gastos puede hacer un representante sindical, ni dónde puede comer ni si puede invitar terceros ". En el mismo proceso también quedó absuelto otro agente de la Guardia Urbana que era tesorero del sindicato. Villagra durante el juicio admitió que se quedó dinero del sindicato pero que los devolvió, además de añadir que "es habitual que el sindicato deje dinero a los afiliados para resolver algún problema puntual". Este líder sindical, ahora dirigente del SAPOL, se jubiló el verano de 2013.
Antidisturbios afiliados a la ASI y el SAPOL
La mayoría de afiliados a los sindicatos más conservadores y corporativos de la Guardia Urbana, la ASI y el SAPOL, pertenecen a las unidades de antidisturbios. UPAS en el turno de día y UNOC en el turno de noche. Diversas fuentes del Ayuntamiento consultadas por la Directa confirman que hoy en día algunos de estos policías mantienen simpatías con la extrema derecha y, sobre todo, con la Plataforma por Cataluña. De hecho, en algunos mítines de Josep Anglada ha detectado la presencia de conocidos antidisturbios barceloneses, como durante el acto final de campaña electoral celebrado el 23 de noviembre de 2010 en la sala de actos de Caja de Manlleu en Vic, donde en primera fila se podía ver uno de estos agentes.
Sorpresa?
¿Quién iba a pensar que los padres de gran parte de los integrantes de los grupos nazis tendrían algo que ver con la extrema derecha?