Estos días se ha sabido de un encuentro, parece que en una comida, del exministro Ángel Acebes, ahora imputado en la causa de Gürtel, y Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS).
Desde que una conocida mía, estudiante de Derecho, me explicó en detalle el proceso para nombrar a los componentes del Tribunal Supremo (entre otras cosas), estoy convencido de que la Separación de Poderes es una utopía en este país.
Creía que había una denuncia de verdad, pero solo es un escrito, y la respuesta, era de esperar:
"Hasta ahora, el CGPJ no ha respondido a dicha reclamación, incumpliendo abiertamente las obligaciones que le impone la L.O. 4/2001, que regula aquel derecho.Un ejemplo mas de cómo las Instituciones públicas menosprecian los derechos civiles de los ciudadanos"
Menudo compadreo se cuece según se cuenta en esta denuncia que el CGPJ ha guardado convenientemente en el cajón. Es necesaria una ley de incompatibilidades para los jueces, especialmente de los altos tribunales, no puede ser que tantos jueces del TS estén cobrando por labores de "asesoramiento" en cursos organizados por bufetes de abogados que llevan luego importantes casos ante el TS defendiendo a una de las partes. Se ponen una decena de ejemplos de pagos que no deberían ser admisibles porque sencillamente, esto da una pésima imagen de la justicia, si son pagos por trabajos reales siembran la duda, si son pagos a cambio de sentencias confirman la desvergüenza.
Curiosamente los magistrados que condenaron a Garzón se ven envueltos en diferentes situaciones que ponen en duda su neutralidad, participaron en cursos pagados por la fundación FAES, participaron en cursos montados por los abogados de Correa que fueron parte acusadora contra Garzón, y participaron en cursos organizados por los bufetes de los abogados de multitud de acusados en la trama Gurtel (y eso me recuerda que Garzón intentó investigar a varios bufetes de abogados próximos a la Gurtel por haberse especializado en lavar dinero negro, y ese fue el principio de su fin).
Y el CGPJ no contesta, claro, qué va a decir, que no hay pruebas de soborno y punto pelota, aquí no hay nada que ver.
Si el ciudadano no dispone de garantías jurídicas para obtener justicia todo el sistema democrático es papel mojado. Por supuesto que hay que limpiar o desinfectar con lejía a toda la casta política, pero antes es necesaria la limpieza del poder judicial, que como todos sabemos no es ningún poder sino un mamporrero del poder político.
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Desde que una conocida mía, estudiante de Derecho, me explicó en detalle el proceso para nombrar a los componentes del Tribunal Supremo (entre otras cosas), estoy convencido de que la Separación de Poderes es una utopía en este país.
Creía que había una denuncia de verdad, pero solo es un escrito, y la respuesta, era de esperar:
"Hasta ahora, el CGPJ no ha respondido a dicha reclamación, incumpliendo abiertamente las obligaciones que le impone la L.O. 4/2001, que regula aquel derecho.Un ejemplo mas de cómo las Instituciones públicas menosprecian los derechos civiles de los ciudadanos"
la justicia española tiene dos cometidos, encerrar robagallinas y legitimar cualquier barbaridad que los castuzos necesiten.
Menudo compadreo se cuece según se cuenta en esta denuncia que el CGPJ ha guardado convenientemente en el cajón. Es necesaria una ley de incompatibilidades para los jueces, especialmente de los altos tribunales, no puede ser que tantos jueces del TS estén cobrando por labores de "asesoramiento" en cursos organizados por bufetes de abogados que llevan luego importantes casos ante el TS defendiendo a una de las partes. Se ponen una decena de ejemplos de pagos que no deberían ser admisibles porque sencillamente, esto da una pésima imagen de la justicia, si son pagos por trabajos reales siembran la duda, si son pagos a cambio de sentencias confirman la desvergüenza.
Curiosamente los magistrados que condenaron a Garzón se ven envueltos en diferentes situaciones que ponen en duda su neutralidad, participaron en cursos pagados por la fundación FAES, participaron en cursos montados por los abogados de Correa que fueron parte acusadora contra Garzón, y participaron en cursos organizados por los bufetes de los abogados de multitud de acusados en la trama Gurtel (y eso me recuerda que Garzón intentó investigar a varios bufetes de abogados próximos a la Gurtel por haberse especializado en lavar dinero negro, y ese fue el principio de su fin).
Y el CGPJ no contesta, claro, qué va a decir, que no hay pruebas de soborno y punto pelota, aquí no hay nada que ver.
Si el ciudadano no dispone de garantías jurídicas para obtener justicia todo el sistema democrático es papel mojado. Por supuesto que hay que limpiar o desinfectar con lejía a toda la casta política, pero antes es necesaria la limpieza del poder judicial, que como todos sabemos no es ningún poder sino un mamporrero del poder político.