A lo largo de esta última semana, el gobierno español anunciaba una inyección de 2,1 millones de euros para reforzar las vallas de Ceuta y Melilla. Acostumbrados a que el gobierno responda con más seguridad a las aparentes oleadas migratorias, esta suma de dinero no suscitaba debate alguno. Sin embargo, la cantidad que el gobierno…
En España las empresas de seguridad, propiedad en algunos casos de ex-altos cargos de la Administración Pública, se han lucrado del miedo inducido a la población, primero con el terrorismo de ETA y después con la delincuencia general.
Ese miedo se ha fomentado desde la propia Administración para asegurarse así que la población permitiría, sin protestas, cambios legislativos que recortaran sus derechos civiles.
Y al mismo tiempo, hacer ricos a los directivos de esas empresas mediante contratos de vigilancia en edificios públicos y de protección de altos cargos públicos. Ha tenido que llegar la crisis para que esos contratos multimillonarios de escoltas disminuyan o terminen.
Se ha permitido también que las propias empresas de seguridad hagan campañas publicitarias de venta de sus sistemas de seguridad, basándose en un supuesto aumento de la delincuencia, sin que ningún responsable de la Administración salga en los medios de comunicación a dar cifras reales de esa delincuencia que, según sus informes internos, no ha aumentado tanto como esos medios dan a entender.
Comentarios
En un país que pierde mas de 500.000 habitantes al año, que 10.000 todavía quieran venir debería considerarse una bendición.
En España las empresas de seguridad, propiedad en algunos casos de ex-altos cargos de la Administración Pública, se han lucrado del miedo inducido a la población, primero con el terrorismo de ETA y después con la delincuencia general.
Ese miedo se ha fomentado desde la propia Administración para asegurarse así que la población permitiría, sin protestas, cambios legislativos que recortaran sus derechos civiles.
Y al mismo tiempo, hacer ricos a los directivos de esas empresas mediante contratos de vigilancia en edificios públicos y de protección de altos cargos públicos. Ha tenido que llegar la crisis para que esos contratos multimillonarios de escoltas disminuyan o terminen.
Se ha permitido también que las propias empresas de seguridad hagan campañas publicitarias de venta de sus sistemas de seguridad, basándose en un supuesto aumento de la delincuencia, sin que ningún responsable de la Administración salga en los medios de comunicación a dar cifras reales de esa delincuencia que, según sus informes internos, no ha aumentado tanto como esos medios dan a entender.