El sistema español de despido improcedente ha quedado en entredicho. El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha dado la razón a UGT en una reclamación presentada en 2022 y ha resuelto que la legislación de España es contraria a la Carta Social Europea. Un tratado suscrito por el Gobierno en 2021 de obligado cumplimiento para quienes lo firman, pero que no está del todo claro que sea vinculante para el Gobierno y los jueces.
Si lo negocia UGT, peor que estaba, se inventarán un caso con supuesto sociofamiliar inexistente en el que suba y bajará para todos los demás. Si se mete la pesoe, se entenderá de lujo con el pepe, como hasta ahora. Si lo mueve la Yoli, te dará un dato mientras pone cara de velocidad y ahí se quedará flotando hasta desaparecer. Si lo coge un juez, dependerá del miedo que tenga a que la ola fascista le marque como díscolo o sospechoso y, por supuesto, de su criterio personal, porque la ley aquí es la que a quien pueda le salga de los cojones.
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Si lo negocia UGT, peor que estaba, se inventarán un caso con supuesto sociofamiliar inexistente en el que suba y bajará para todos los demás. Si se mete la pesoe, se entenderá de lujo con el pepe, como hasta ahora. Si lo mueve la Yoli, te dará un dato mientras pone cara de velocidad y ahí se quedará flotando hasta desaparecer. Si lo coge un juez, dependerá del miedo que tenga a que la ola fascista le marque como díscolo o sospechoso y, por supuesto, de su criterio personal, porque la ley aquí es la que a quien pueda le salga de los cojones.
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eleconomista.esSe firma algo de obligado cumplimiento pero según el gobierno y los jueces no es obligatorio cumplirlo.