Los dueños del colegio Atalaya Cantabria, un centro privado cofinanciado por la Xunta, deberán devolver los 180.000 euros, más intereses, que les prestaron cinco profesores de la entidad con la «condición» de que fueran contratados de forma indefinida. Los magistrados señalan que los propietarios de la sociedad que gestiona este colegio concertado de Vigo impusieron a los docentes «una conducta abusiva» que infringe varias disposiciones del Estatuto de los Trabajadores.
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