La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, lo tiene claro: que un ayuntamiento contrate a una empresa privada para que realice los controles de velocidad de vehículos mediante radar va contra las leyes y no se debe hacer. Es lo que está sucediendo precisamente en los ayuntamientos murcianos de Las Torres de Cotillas y Ceutí, ambos gobernados por el PP, donde la empresa Tradesegur hace los controle
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