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En un comunicado tras hacerse públicas cuatro condenas y una absolución denuncian que se haya informado antes los medios de comunicación que las abogadas, así como la filtración de datos personales. TRADUCCIÓN: #1

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Este lunes a media tarde el gabinete de prensa del TSJC envió a varios medios de comunicación cinco sentencias del juzgado penal 28 de Barcelona en relación a los hechos de Can Vies. El envío se hizo advirtiendo que "la comunicación de datos personales será responsabilidad de los medios de comunicación". Sin embargo, en otros casos, como en el proceso contra nueve agentes por la muerte de Juan Andrés Benítez, todos los envíos del servicio de prensa se hicieron después de eliminar los datos personales. Se da el caso, sin embargo, que la información de las sentencias llegó a la prensa antes de que fueran comunicadas a las abogadas defensoras de las cinco encausadas. Es por ello que, la Asamblea de encausadas y solidarias por el # EfecteCanVies ha emitido un comunicado donde denuncian "la publicación de los nombres y las sentencias a los medios de comunicación antes incluso de que llegaran a las abogadas, con la incertidumbre y el agravio que esto supone para las encausadas y su familia y amigos ".

Hoy martes los despachos de las abogadas que llevan los diferentes casos han recibido oficialmente la comunicación de las sentencias. Se trata de cuatro condenas y una absolución. La pena más elevada es de tres años y nueve meses de prisión por un joven acusado de lanzar una botella de vidrio contra el escudo de un agente antidisturbios. El juez considera que se trata de un delito de "atentado contra agente de la autoridad con el uso de instrumento peligroso y el agravante de disfraz", ya que el joven supuestamente llevaba una bufanda que le tapaba la cara. También condenan un chico de 19 años a doce meses de prisión por un delito de atentado a la autoridad y dos faltas de lesiones con una pena de 30 días de multa. La acusan de lanzar piedras contra un cordón policial y de resistirse a la detención. Durante el juicio este chico explicó que cuando los policías de paisano se acercaron, él reaccionó evadiendo la detención porque pensaba que le querían "robar la riñonera".

También le cae una pena de un año de prisión a una fotoperiodista que en el momento de los hechos estaba cubriendo la información de la manifestación de Can Vies. La chica, que es colaboradora de El País y la Directa, tal como acreditó con documentos firmados por estos medios, aseguró durante la vista oral que después de que un agente le recriminara hacer fotos de policías de paisano, fue detenida con contundencia y su cámara sufrió desperfectos. Sin embargo, el juez ha creído la versión policial, según la cual la chica lanzó una piedra pequeña contra un policía y le causó una lesión en el antebrazo. Por eso ha sido condenada a un año de prisión por el ilícito de atentado a la autoridad ya 30 días de pena-multa por la supuesta lesión en el brazo del policía. El cuarto condenado es un chico que fue detenido en la calle Begur, a quien el juez acusa de resistirse a la detención y por eso le imponen ocho meses de prisión. En este caso una vecina vio la actuación policial desde el balcón de casa y acreditó que el chico no se resistió, al contrario, según ella fue víctima de la violencia de los agentes.

Por último, el juzgado ha absuelto a un miembro de un esparcimiento de Santos que se sentó -con carteles pacifistes- ante un furgón policial que avanzaba por la carretera de Sants. Aunque consideró que obstruyó el paso del vehículo y que esto sería constitutivo de una falta de resistencia a la autoridad, el juez absuelve al joven que los hechos ocurrieron hace más de seis meses y, por ello, la falta habría prescrito .

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Ahora deberian denunciar al juez...

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Cuando a alguien se le vaya la pinza y empiece a cargarse a jueces, policías y demás escoria, nos exigirán guardar respeto y condenar los atentados ¿no? Pues conmigo que no cuenten. Ya está bien la broma de la presunción de veracidad de la policía. Así es imposible que haya un juicio justo, cojones. Esto es un estado policial de facto.