La Fiscalía Anticorrupción acusa al comisario José Villarejo de haber cobrado a los navieros Ángel y Álvaro Pérez-Maura 1,2 millones de euros como provisión de fondos para la supuesta contratación del juez inhabilitado Baltasar Garzón dentro del encargo que desarrolló el policía jubilado para los dos hermanos propietarios del Grupo Pérez y Cía SL, destinado a frenar una investigación judicial abierta en Guatemala y su extradición a este país.
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