La Fiscalía de Ávila cree que el ayuntamiento de la localidad abulense de La Adrada pudo prevaricar al permitir que el juez Juan Carlos Peinado construyera un chalet de forma irregular, pero archiva la investigación al entender que los hechos, en todo caso, han prescrito. “Las irregularidades apreciadas en la tramitación del expediente”, explica el Ministerio Público, “serían conductas con indicios de criminalidad urbanística, pero serían delitos prescritos”, afirma tras estudiar una denuncia.
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