Se han dejado el gravísimo caso de acompañar a Mas, Ortega y Rigau a declarar, o al menos ese es del único que se queja la prensa y los fiscales, supongo que porque todo esto de la noticia son minucias en comparación.
#1 Leete el texto. Entre otras cosas se refieren como ataque a la independencia judicial el rodear un tribunal llamados por ciertos políticos que previamente habían desobedecido a ese pode judicial, creyéndose por encima de la justicia.
#5 A vale, que les molesta el derecho a manifestación. Pues vaya chusma si pretenden que no se pueda ir a apoyar a los amigos a la puerta de un tribunal, ¿sale la "afinación de fiscales" , "el fiscal de confianza" o los militantes del pp metidos en el tc?
Y paso de leer el texto, un machote meneante como yo no lee las noticias.
Clasifican en siete puntos los que considera como principales ‘pecados capitales’ de la Justicia española:
1. Reforma del Consejo General del Poder Judicial: “intromisiones del poder político en el órgano de gobierno de la judicatura”.
Tal y como detallan en la carta enviada al Relator de la ONU, los integrantes del Consejo General del Poder Judicial en España son nombrados por el Parlamento a través de un pacto de cuotas entre los principales grupos parlamentarios, principalmente el Partido Popular y el PSOE. Esto “pone en cuestión” su independencia real con respecto del poder político.
2. Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial: “merma adicional a la independencia de jueces/zas”.
Las dos asociaciones de jueces denuncian que la Ley Orgánica del Poder Judicial sufrió nueve reformas durante la anterior Legislatura de Mariano Rajoy aprobadas “únicamente” gracias al PP, lo que afecta de manera “adversa” el funcionamiento de las instituciones encargadas de proteger el Estado de Derecho, aseguran.
3. Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “¿para agilizar la administración de justicia?”.
Durante la primera legislatura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, el Ejecutivo aprobó una reforma a la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el presunto objetivo de agilizar la justicia penal.
Sin embargo, lo que se introdujo fue una reducción de los plazos máximos de instrucción a seis y dieciocho meses, denuncian JpD y RIS, que critican que agilizar la justicia no se logra “solo” limitando los plazos, si no “proporcionando recursos suficientes y adecuados para juzgados y tribunales”.
4. “Justicia sin medios y mal percibida por la ciudadanía”.
En la carta enviada al Relator de la ONU, Jueces para la Democracia y Rights International Spain lamentan que los recortes realizados, tanto humanos como económicos, hayan “agravado” la saturación de los juzgados y tribunales españoles, “causando retrasos indebidos y obstaculizando el acceso a la justicia para la ciudadanía”.
Conviene destacar que después de los recortes aplicados por el Ejecutivo de Rajoy, en España hay 12 jueces por cada 100.000 habitantes. La media europea es de 21.
5. “Interferencias políticas”.
Otro motivo de preocupación para JpD y RIS versa sobre las “interferencias políticas” mientras los jueces/zas están desempeñando sus funciones. En la misiva enviada, detallan ejemplos como las descalificaciones y los ataques perpetrados por dirigentes políticos, “incluidos algunos miembros del Gobierno”, así como de campañas lanzadas desde determinados medios de comunicación, “en particular, en casos muy sensibles relativos a la libertad de expresión y reunión, corrupción y terrorismo”.Según la carta, “estos ataques buscan influir sobre los jueces/zas para que cambien sus decisiones o el curso de las investigaciones y eso es un ataque a su independencia”.
6. Recortes a la Justicia Gratuita: “cada vez más obstáculos en el acceso a la justicia para la ciudadanía”.
7. Puesta en marcha del proyecto “Papel 0” con 0 recursos: “menor seguridad jurídica y riesgos a la confidencialidad de las actuaciones”.
Una reforma a la Ley de Enjuiciamiento Civil estableció la obligación de que los Juzgados trabajasen exclusivamente a través de medios electrónicos a partir del 1 enero de 2016 para los procedimientos iniciados a partir de esa fecha. Dicha reforma se ha realizado “sin medios ni una inversión pública” adecuada, denuncian, por lo que la aplicación en la práctica de este sistema está suscitando muchos problemas.
“La mayoría de los Juzgados y tribuales siguen trabajando en papel, lo que obliga a los letrados/as a tener que presentar los escritos por dos vías distintas”.
Independientemente de que tengan razón o no...debería estar prohibido que los jueces se pudieran asociar entre ellos, igual que la policía o guardia civil...Ellos sirven al estado por encima de cualquier interés...Y asociarse entre ellos persigue unos intereses...loables o no, pero intereses...deberían estar inhabilitados para politica también,o hacen cumplir la legislación o legislan, pegar saltos tampoco es muy "independiente".
Parece que la queja El Mierdal la circunscribe al gobierno. Pues bien, la realidad de esa queja:
"Otro motivo de preocupación versa sobre las interferencias políticas mientras los jueces/zas están desempeñando sus funciones. La presión ejercida sobre los jueces/zas a través de descalificaciones y ataques a sus competencias profesionales por parte de dirigentes políticos, incluidos algunos miembros del Gobierno, así como de campañas lanzadas desde determinados medios de comunicación[xx], lamentablemente se ha convertido en algo común, en particular, en casos muy sensibles, por ejemplo, relativos a la libertad de expresión y reunión, corrupción y terrorismo. Estos ataques buscan influir sobre los jueces/zas para que cambien sus decisiones o el curso de las investigaciones y eso es un ataque a su independencia."
Comentarios
Se han dejado el gravísimo caso de acompañar a Mas, Ortega y Rigau a declarar, o al menos ese es del único que se queja la prensa y los fiscales, supongo que porque todo esto de la noticia son minucias en comparación.
Imposible, el fiscal del 9N aseguró en el juicio que nadie le había dicho nada.
#1 Leete el texto. Entre otras cosas se refieren como ataque a la independencia judicial el rodear un tribunal llamados por ciertos políticos que previamente habían desobedecido a ese pode judicial, creyéndose por encima de la justicia.
#5 A vale, que les molesta el derecho a manifestación. Pues vaya chusma si pretenden que no se pueda ir a apoyar a los amigos a la puerta de un tribunal, ¿sale la "afinación de fiscales" , "el fiscal de confianza" o los militantes del pp metidos en el tc?
Y paso de leer el texto, un machote meneante como yo no lee las noticias.
Clasifican en siete puntos los que considera como principales ‘pecados capitales’ de la Justicia española:
1. Reforma del Consejo General del Poder Judicial: “intromisiones del poder político en el órgano de gobierno de la judicatura”.
Tal y como detallan en la carta enviada al Relator de la ONU, los integrantes del Consejo General del Poder Judicial en España son nombrados por el Parlamento a través de un pacto de cuotas entre los principales grupos parlamentarios, principalmente el Partido Popular y el PSOE. Esto “pone en cuestión” su independencia real con respecto del poder político.
2. Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial: “merma adicional a la independencia de jueces/zas”.
Las dos asociaciones de jueces denuncian que la Ley Orgánica del Poder Judicial sufrió nueve reformas durante la anterior Legislatura de Mariano Rajoy aprobadas “únicamente” gracias al PP, lo que afecta de manera “adversa” el funcionamiento de las instituciones encargadas de proteger el Estado de Derecho, aseguran.
3. Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “¿para agilizar la administración de justicia?”.
Durante la primera legislatura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, el Ejecutivo aprobó una reforma a la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el presunto objetivo de agilizar la justicia penal.
Sin embargo, lo que se introdujo fue una reducción de los plazos máximos de instrucción a seis y dieciocho meses, denuncian JpD y RIS, que critican que agilizar la justicia no se logra “solo” limitando los plazos, si no “proporcionando recursos suficientes y adecuados para juzgados y tribunales”.
4. “Justicia sin medios y mal percibida por la ciudadanía”.
En la carta enviada al Relator de la ONU, Jueces para la Democracia y Rights International Spain lamentan que los recortes realizados, tanto humanos como económicos, hayan “agravado” la saturación de los juzgados y tribunales españoles, “causando retrasos indebidos y obstaculizando el acceso a la justicia para la ciudadanía”.
Conviene destacar que después de los recortes aplicados por el Ejecutivo de Rajoy, en España hay 12 jueces por cada 100.000 habitantes. La media europea es de 21.
5. “Interferencias políticas”.
Otro motivo de preocupación para JpD y RIS versa sobre las “interferencias políticas” mientras los jueces/zas están desempeñando sus funciones. En la misiva enviada, detallan ejemplos como las descalificaciones y los ataques perpetrados por dirigentes políticos, “incluidos algunos miembros del Gobierno”, así como de campañas lanzadas desde determinados medios de comunicación, “en particular, en casos muy sensibles relativos a la libertad de expresión y reunión, corrupción y terrorismo”.Según la carta, “estos ataques buscan influir sobre los jueces/zas para que cambien sus decisiones o el curso de las investigaciones y eso es un ataque a su independencia”.
6. Recortes a la Justicia Gratuita: “cada vez más obstáculos en el acceso a la justicia para la ciudadanía”.
7. Puesta en marcha del proyecto “Papel 0” con 0 recursos: “menor seguridad jurídica y riesgos a la confidencialidad de las actuaciones”.
Una reforma a la Ley de Enjuiciamiento Civil estableció la obligación de que los Juzgados trabajasen exclusivamente a través de medios electrónicos a partir del 1 enero de 2016 para los procedimientos iniciados a partir de esa fecha. Dicha reforma se ha realizado “sin medios ni una inversión pública” adecuada, denuncian, por lo que la aplicación en la práctica de este sistema está suscitando muchos problemas.
“La mayoría de los Juzgados y tribuales siguen trabajando en papel, lo que obliga a los letrados/as a tener que presentar los escritos por dos vías distintas”.
Fuente
http://www.elboletin.com/nacional/145576/siete-pecados-justicia-espanola.html
Independientemente de que tengan razón o no...debería estar prohibido que los jueces se pudieran asociar entre ellos, igual que la policía o guardia civil...Ellos sirven al estado por encima de cualquier interés...Y asociarse entre ellos persigue unos intereses...loables o no, pero intereses...deberían estar inhabilitados para politica también,o hacen cumplir la legislación o legislan, pegar saltos tampoco es muy "independiente".
Parece que la queja El Mierdal la circunscribe al gobierno. Pues bien, la realidad de esa queja:
"Otro motivo de preocupación versa sobre las interferencias políticas mientras los jueces/zas están desempeñando sus funciones. La presión ejercida sobre los jueces/zas a través de descalificaciones y ataques a sus competencias profesionales por parte de dirigentes políticos, incluidos algunos miembros del Gobierno, así como de campañas lanzadas desde determinados medios de comunicación[xx], lamentablemente se ha convertido en algo común, en particular, en casos muy sensibles, por ejemplo, relativos a la libertad de expresión y reunión, corrupción y terrorismo. Estos ataques buscan influir sobre los jueces/zas para que cambien sus decisiones o el curso de las investigaciones y eso es un ataque a su independencia."