La magistrada que investiga los crímenes del franquismo es una síntesis de la política argentina de los últimos cuarenta años. Fue jueza durante la dictadura, restituyó los primeros bebés robados por el terrorismo de Estado, puso en jaque la impunidad del pinochetismo y fue acusada de “jueza del poder” en la década del 90. Este es el perfil de la “dama de hierro” de la justicia argentina.
Me parece interesante añadir parte de un artículo del abogado de la querella argentina que pone de manifiesto la arbitrariedad del TS español:
Es sabido que el mismo Tribunal Supremo que condenó a Scilingo* por sus delitos – dado el contexto de crímenes contra la humanidad en que estos se perpetraron aunque los mismos no estuvieran previstos como tales en la legislación, como afirma expresamente en su sentencia -, ha decidido en una bochornosa resolución que los crímenes del franquismo no pueden ser investigados por la justicia española.
*En abril de 2005, el marino fue enjuiciado en España por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1977 y, tras haberse probado su responsabilidad en la muerte de treinta personas y una detención ilegal seguida de torturas, condenado a 640 años de prisión.
Ya en julio de 2007, al comprobarse su complicidad en otras 255 detenciones ilegales, el Tribunal Supremo español elevó la condena a 1084 años. (Wikipedia)
Comentarios
Para haceros una idea de la justicia de este país, de togas negras como los camisas negras de Mussolini.
Me parece interesante añadir parte de un artículo del abogado de la querella argentina que pone de manifiesto la arbitrariedad del TS español:
Es sabido que el mismo Tribunal Supremo que condenó a Scilingo* por sus delitos – dado el contexto de crímenes contra la humanidad en que estos se perpetraron aunque los mismos no estuvieran previstos como tales en la legislación, como afirma expresamente en su sentencia -, ha decidido en una bochornosa resolución que los crímenes del franquismo no pueden ser investigados por la justicia española.
*En abril de 2005, el marino fue enjuiciado en España por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1977 y, tras haberse probado su responsabilidad en la muerte de treinta personas y una detención ilegal seguida de torturas, condenado a 640 años de prisión.
Ya en julio de 2007, al comprobarse su complicidad en otras 255 detenciones ilegales, el Tribunal Supremo español elevó la condena a 1084 años. (Wikipedia)