El asedio judicial al independentismo se amplía con una nueva causa de grandes dimensiones. El juzgado de instrucción número 26 de Barcelona empezó ayer a tomar declaración a las cinco primeras personas que tienen condición de investigadas en un proceso. Según explicaron los propios afectados, la investigación abrazaría a 30 personas. El núcleo de la investigación judicial es el mundo de internet y de las redes sociales y se centra en la implicación del movimiento Anonymous en las protestas ocurridas en otoño del 2019 contra la sentencia del…
Comentarios
A mamar
Sunamirusocratico.
Por "algún motivo" alguien se quiere cargar España y Europa.
#2 españa lleva siglos queriéndose cargar a sí misma.
#4
Ahora se empieza a saber quiénes se quieren cargar a Europa-España.
#5 europa? Rusia por motivos geoestratégicos y eeuu/inglaterra por motivos económicos.
Respecto a españa, ya te lo he dicho: los más patriotas desde las cloacas son los que han hecho más daño a la salud democrática del país y marruecos molestando de vez en cuando aprovechando la oportunidad.
Indepes y etarras en sus momento jugaron sus cartas, pero es bastante común y egocéntrico que un nacionalista español o catalán crea que se quieren cargar su país y a la vez creer que las acciones de su bando són meramente defensivas.
La investigación se fundamenta en el trabajo de los Mossos d'Esquadra, que han peinado las redes sociales para encontrar vínculos entre un grupo de personas a las que se relaciona con Anonymous. Desde las redes sociales, estas personas habrían colaborado en difundir los mensajes en forma de convocatoria que hacía Tsunami Democrático.
El movimiento Anonymous Catalonia fue combatido en su día, y su canal de difusión fue clausurado. La investigación de los Mossos también achaca a los jóvenes la réplica de este canal y su promoción.
En el informe policial aportado a los juzgados se realiza una descripción detallada de los perfiles en las redes sociales de las personas investigadas. Cruzando unas identidades con otras, la policía pretende demostrar que se trataba de un grupo organizado destinado a fomentar la participación en las acciones de calle de cariz independentista.
En octubre de 2019, lo que se anunció como “otoño caliente” desembocó, ciertamente, en unos días de protesta contra la sentencia del Tribunal Supremo. Hubo concentraciones en el centro de Barcelona pero también en muchas ciudades del país, que fueron duramente reprimidas por los agentes de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Nacional.
También entonces se puso en marcha la plataforma Tsunami Democrático, con un llamamiento a ocupar los accesos del aeropuerto que fue seguida ampliamente por miles de personas. La difusión de aquella convocatoria a través de las redes sociales, con el lema Todo el mundo en el aeropuerto, fue clave para el éxito de la protesta.
Llegados a este punto, cinco personas acusadas de haber participado en la promoción de estas movilizaciones, a través de la red de Anonymous, comparecieron en la mañana de ayer en la Ciudad de la Justicia. Su estancia en el juzgado de instrucción 26 fue breve, ya que los cinco se negaron a declarar, firmaron el papel y se fueron.
Una de las personas investigadas es Joel Muñoz, que ya tiene otra causa abierta por, presuntamente, haber atacado los intereses de empresas españolas después del 1 de octubre, causa por la que se enfrenta a una petición de prisión de 18 años.
La investigación en Muñoz comenzó a raíz de la entrada en su casa y el cacheo que hicieron agentes del CNI y la Guardia Civil, en febrero del 2018, y fue objeto de una segunda detención en otoño del 2019, precisamente acusado de haber difundido un comunicado de Anonymous contra la sentencia del Tribunal Supremo.
Se da la circunstancia de que esa segunda detención fue ejecutada por agentes de la Policía Nacional, mientras que la causa de instrucción 26 parte de la investigación de los Mossos d'Esquadra.
Pese a esa persecución, actualmente se mantiene activo un perfil en Instagram, Anonymous Catalonia, con casi 100.000 suscriptores. A través de esta cuenta, se siguen anunciando actos de cariz independentista.
La investigación en torno a los activistas informáticos que apoyaron a las protestas independentistas alargará aún más la judicialización del debate político en Catalunya, ya en sí mismo lo suficientemente vivo en los juzgados del país.
En la ciudad de Barcelona está por cerrar la causa del juzgado de instrucción 13, que afecta hasta a 30 altos cargos de la Generalitat que lo eran durante la preparación del referéndum del 1 de octubre del 2017.
También está abierta la investigación sobre diez personas que instruye el juzgado número 28 de Barcelona, y que arrancó a raíz de una denuncia presentada por el Tribunal de Cuentas. En este caso, la instrucción investiga la acción exterior de la Generalitat y acusa a altos cargos, como el propio conseller Raül Romeva, de haber malversado dinero público en la promoción exterior del proceso independentista.
Fuera de Barcelona, la semana pasada comenzó el proceso de toma de declaración a 50 personas investigadas por cortar la autovía C-17 a su paso por el municipio de L'Ametlla del Vallès. Se trata de una protesta que se desarrolló el 16 de octubre de 2019 y que judicialmente cogió vuelo a raíz de un atestado de los Mossos d'Esquadra. Este caso coincide en el tiempo con el de las protestas que, supuestamente, animaban desde las redes a las personas que ahora investiga el juzgado 26 de Barcelona.