El Govern balear ha dado traslado al Ayuntamiento de Ibiza del acta de las inspecciones realizadas el pasado diciembre a seis promociones de vivienda de protección oficial (VPO) donde se habían identificado hasta nueve viviendas que se estaban alquilando de forma irregular y que afrontan sanciones de entre 3.000 y 30.000 euros.
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