Una filtración detalla cómo el Gobierno israelí usó el despacho español Cuatrecasas para influir en reformas legislativas y procesos penales.

El contexto: Una investigación periodística revela que el Gobierno de Benjamín Netanyahu habría fabricado y reutilizado recreaciones falsas de túneles de Hamás para justificar ataques en Gaza.

Os invito a pasear conmigo por las portadas de los principales medios de comunicación que vamos a descubrir una cosita muy interesante que lo explica todo sobre la corrupción en España· Empezamos con El País· Se habla de Corrupción y aparece el nombre en grande de Sánchez y Cerdán· Os animo a buscar la palabra “Acciona”· Spoiler: no la vais a encontrar· ¿ABC? No menciona a Acciona· El Mundo tampoco han encontrado sitio· La Razón: tampoco está el nombre de Acciona en su portada· Seguimos· El Español, Pedro J· Ramírez: tampoco habla de Acciona·

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha asegurado este miércoles que su Gobierno permitió que se transfirieran fondos desde Catar a Hamás en Gaza para mantener a los islamistas y a la Autoridad Nacional Palestina (que administra Cisjordania) divididas, en una rueda de prensa nacional retransmitida en internet. "La política que condujo a permitir a Catar transferir dinero a Gaza fue aceptada por unanimidad por el gabinete de seguridad", dijo sobre la decisión adoptada en 2018.

Abby Martin relata su experiencia en Israel, donde afirma haber presenciado un "fascismo desatado" y una retórica genocida abierta contra los palestinos. Describe una sociedad dominada por el odio y el supremacismo, donde incluso se justifica la violencia contra niños. Según Martin, la propaganda israelí está colapsando porque el mundo ahora ve la realidad sin filtros a través de las redes sociales, exponiendo crímenes que ya no pueden ocultarse bajo narrativas oficiales.

"Le diría a esos políticos que vayan a Gaza, que pasen 48 horas en urgencias del hospital porque muy probablemente cambiaría su opinión", afirma en sus primeras declaraciones, tras destacar, con crudeza, que el trabajo que ha realizado durante cuatro meses en Gaza se ha centrado en atender "a niños mutilados, amputados y quemados". "Llegan niños con disparos en la cabeza y las tripas fuera", afirma. "Si tuvieran que escuchar los llantos de las madres en los pasillos del hospital, si tuviera que atender a los niños en el suelo..."

El caso de Andalucía es llamativo por otro motivo. El desplome del gasto en prevención (que incluye todas las tareas llevadas a cabo antes de la campaña de incendios: limpieza de montes, personal, apertura de caminos...) ha ido acompañado de un crecimiento acelerado del gasto destinado a la extinción. En los trece años analizados, el gasto en extinción de incendios se disparó un 89%, hasta los 139,96 millones de euros.

Los estibadores de Génova respondieron este lunes a las amenazas de Israel de utilizar leyes antiterroristas para encarcelar a las tripulaciones de la flotilla con destino a Gaza. En solidaridad internacionalista, convocan una huelga internacional si Israel ataca los barcos.

La menor solo sufrió heridas leves en una pierna, pero los partes de lesiones y del accidente no figuran en los registros municipales

El juzgado 19 de Madrid ordena la apertura de juicio oral contra el novio de Ayuso y el resto de responsales de la organización por dos delitos de fraude fiscal, un delito continuado contable y otro de pertenencia a organización criminal. Por ello, subirá la petición de condena para Alberto González Amador en ese juicio por el que se va a juzgar la pieza principal de la causa. Queda pendiente el cierre de la pieza separada en la que se le acusa de corrupción a los negocios.

En un escrito fechado en el 30 de mayo dirigido a la Comisión Europea , en el que valora las recomendaciones oficiales para la lucha contra la piratería de eventos en directo, la compañía americana se refiere al caso español y a la sentencia que habilita los bloqueos en nuestro país. En su escrito, acusa a LaLiga de esconder al juez información fundamental. "LaLiga obtuvo la orden de bloqueo sin notificar a los proveedores de servicios en la nube implicados, ocultando a sabiendas al tribunal el previsible perjuicio para el público en general."

October Twelve, el negocio de alquiler turístico de corta estancia en un popular barrio madrileño de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Ayuso, asegura en sus últimas cuentas anuales, de 2024, que alquila “locales industriales”. Lo hace pese a haber alojado en los últimos años a cientos de personas, como confirman vecinos consultados y puede comprobarse con un simple vistazo en el portal de reservas Booking, donde tiene más de 450 reseñas de usuarios. La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid montó ese negocio turístico...

En octubre de 2021, cinco agentes antidisturbios equipados con escudos, escopetas tácticas y un ariete irrumpieron en el domicilio de un youtuber burgalés conocido como "El Feo". No buscaban armas, drogas o delincuentes que hubieran cometido delitos de sangre, sino discos duros con películas. Películas fuera de circulación, que nadie ofrecía en casi ninguna parte de internet y cuyos derechos de explotación permanecían en un limbo legal hasta ese momento.

La eléctrica llega a acusar al Gobierno de "deslealtad" por "crear una apariencia de coactividad sin sustento legal" con el objetivo de reclamar información a las empresas implicadas en el apagón.

Tres jueces del Tribunal Supremo que suscribieron la condena al ex fiscal general del Estado impartieron un curso remunerado organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) que empezó un día después de acabar el juicio. Se trata de Andrés Martínez Arrieta, presidente del tribunal que juzgó a Álvaro García Ortiz, y de los magistrados Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral. Este último es el director del curso. Las sesiones en las que impartieron ponencias tuvieron lugar los días 17, 18 y 19 noviembre, coincidiendo con las delibera

“¡Queremos hospitales, no estadios!” o “No queremos el Mundial; queremos sanidad”. Son algunas de las proclamas que durante el fin de semana han sonado en las calles de Marruecos, en unas protestas convocadas por jóvenes marroquíes y reprimidas duramente por el aparato policial del país vecino. El mayor desafío en años a la monarquía alauí se ha saldado con decenas de detenidos tras dos jornadas de manifestaciones.

En su cuenta de Instagram, y superando los 120.000 'me gusta', ha señalado: "Quiero preguntarles a las personas de derechas si de verdad consideran un triunfo para España que haya sido condenado en nuestro país un hombre por un delito que no ha cometido. Dos años de inhabilitación. Ni una sola prueba contra él". "Quiero preguntarles también si de verdad se sienten próximas a un ciudadano que se ha lucrado obscenamente cobrando comisiones desmesuradas durante la pandemia y que, luego, además, ha falsificado facturas para no pagar los impuestos"

Tras meses compitiendo en casi total normalidad por todo el mundo, gran parte de los reveses que han impacto en la estructura del multimillonario Sylvan Adams han llegado después de que, sobre todo en septiembre, las protestas masivas contra su presencia en La Vuelta atrajeran los focos internacionales. “El caso español demuestra que protestar no es inútil”, afirma rotundo el sociólogo del deporte David Goldbatt, quien dice carcajearse cuando escucha las peticiones de “no mezclar el deporte y la política”.

La Oficina Municipal frente a la Ocupación del Ayuntamiento de Córdoba no ha gestionado ninguna denuncia desde su puesta en marcha hace cuatro meses.

Un mes ingresada, y seguimos sin diagnóstico claro. Los médicos se contradicen. La tienen días enteros en ayunas para pruebas que nunca llegan. Un día tras otro. Sin explicaciones. Sin cuidado. Estamos viendo cómo su salud física y mental se va desgastando.

Atentos a cómo Francisco Martínez, ex Secretario de Estado durante el Gobierno de Rajoy, que ha sido puesto en libertad, afirma que la supuesta cuenta en Granadinas de Pablo Iglesias era mentira. El PP es Mafia.

EL PAÍS accede a la grabación de la instrucción sobre el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz