"Los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado", dice el tenor literal del artículo 15 de la ley de altos cargos. Pero hay margen para la interpretación y muy pocas peticiones son denegadas. Entre las últimas autorizaciones hay nombres de exministros como Pedro Morenés, que cesó como embajador en Estados Unidos en septiembre de 2018.
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