El Gobierno de España ya trasladó al Congreso su propuesta de modificación del sistema de voto rogado para los ciudadanos en el exterior. Este cambio abre la puerta a que más de 400.000 personas inscritas en el Censo de Residentes Ausentes (CERA) de alguna de las cuatro provincias gallegas sin control de identidad previo.
El Gobierno de España ya trasladó al Congreso su propuesta de modificación del sistema de voto rogado para los ciudadanos en el exterior. El informe que elaboraron Exteriores, Migraciones e Interior, en consonancia con el portavoz del PSOE en la subcomisión de reforma electoral, apuesta por que los inscritos fuera de España reciban directamente la documentación electoral sin necesidad de tener que rogar el voto y con una particularidad a la hora de ejercerlo: tendrán que escribir su opción electoral en la papeleta. Este cambio abre la puerta a que más de 400.000 personas inscritas en el Censo de Residentes Ausentes (CERA) de alguna de las cuatro provincias gallegas sin control de identidad previo.
El portavoz socialista, Gregorio Cámara, trasladó al resto de portavoces la propuesta en la que trabajó junto a los técnicos del Ejecutivo central y la Oficina Electoral. "La propuesta parte de la eliminación del ruego de voto", afirmó Cámara tras la reunión.
El voto rogado, que se puso en marcha en 2011, obliga los electores en el exterior a solicitar previamente el voto en cada convocatoria de generales, autonómicas y europeas. La participación de los inscritos en el CERA cayó a niveles mínimos en las últimas convocatorias electorales, también en Galicia, al regir un sistema que mermó muchísimo el número de votantes pero acabó también con el fraude que imperó durante décadas en todas las citas electorales, nombradamente en territorios con importantes colectividades emigrantes, como en el caso gallego.
La principal novedad de la propuesta del Gobierno es que los electores recibirían directamente la información electoral sin necesidad de hacer un trámite administrativo exclusivo para las elecciones. En esa documentación recibirán, de aprobarse este procedimiento, la papeleta en blanco y tendrán que escribir su opción. Para Cámara esa solución permite acortar los plazos. Una vez cubierta la documentación, los electores tienen dos opciones: acudir al correspondiente consulado a votar --tendrán cuatro días para votar presencialmente frente a los dos que se habilitan actualmente, según el diputado socialista-- o hacerlo por correo. El envío podrá hacerse por correo común sin la obligatoriedad de que sea certificado. Para el diputado socialista es una forma de garantizar la gratuidad a la hora de ejercer el derecho al voto.
Para Cámara este procedimiento busca "mejorar y facilitar el voto de los españoles residentes en el extranjero sin merma de ninguna garantía y al mismo tiempo permitiendo una ampliación de plazos". "Con esta medida ganamos 17 días para que los electores puedan disponer de toda la información electoral y puedan emitir su voto", dijo Cámara. Además, la propuesta del Ejecutivo expone que la ley habilite al Gobierno a establecer junto con la Xunta Electoral un procedimiento exclusivo para "algunos países donde no sea posible seguir ese procedimiento".
La duda es ie esa "ampliación de plazos sin merma de ninguna garantía" implica volver a un sistema, el anterior a 2011, donde las sospechas o denuncias de fraude, los votos de personas fallecidas y el descontrol en la cosecha de papeletas eran comunes. El mismo problema que llegará de no aplicarse mayores y mejores garantías en los comicios y de no controlarse previamente la identidad antes del envío de las papeletas.
El sistema vigente a estas horas, lo del voto rogado, es con el que quieren acabar desde hace tiempo PP y PSOE, los mismos partidos que habían acordado ponerlo en marcha hace siete años con el apoyo de BNG, CiU y PNV. Los dos grandes partidos instaron ya dar marcha atrás en este aspecto de la nueva ley electoral a los dos años de implantarlo y siguieron intentando acabar con él en esta legislatura, con el apoyo también de Podemos y Ciudadanos. Con el cambio en el Gobierno de Madrid, los socialistas volvieron a dejar clara su prioridad en el caso de impulsar otra modificación legislativa.
La contundencia en el rechazo surge, en muchos casos, del intento por acabar con los atrancos que la nueva y reciente emigración encontró en los últimos comicios autonómicos y estatales. Son residentes temporales que denunciaron las dificultades para votar también en las municipales, vetados para integrantes del CERA, a pesar de tenerse apuntando como transeúntes en los consulados. Poco el nada que ver con el censo de personas emigradas y asentadas desde hace décadas en otros países.
El sistema anterior al del voto rogado implicaba que todas las personas inscritas en el CERA recibían la documentación electoral en la casa sin pedirla previamente y podían remitirla sin necesidad de que nadie comprobara su identidad y los votos se incorporaban al resultado electoral del interior sin controles que permitieran acreditar, por ejemplo, si el elector de que se tratara era una persona viva o, por el contrario, ya había fallecido y alguien había votado en su nombre. No obstante, estos controles implicaron también notables obstáculos para votar a las personas que residen temporalmente en el exterior, a pesar de ser su situación obviamente distinta.
En las últimas elecciones autonómicas en Galicia de septiembre de 2016, la participación de las personas inscritas en el CERA volvió a estar marcada por una elevadísima abstención. Rondó el 98%, porcentaje semejante a la de cada convocatoria electoral desde que en 2011 se había instaurado la obligatoriedad de solicitar formalmente la votación. De las más de 446.000 personas gallegas con pleno derecho a voto en el exterior, tan sólo unas 19.700 completaron los trámites para ejercer su derecho. De ellas, únicamente 10.777 remitieron su sufragio en tiempo y forma. Nos últimos comicios generales, en el conjunto del Estado, solo votaron el 7,6% de los españoles que viven fuera.
El bajísimo porcentaje, por ejemplo en las últimas elecciones gallegas, contrasta con la que se dio nos últimos comicios autonómicos sin voto rogado: en 2009 --cuando figuraban en el CERA unas 335.000 personas--, habían llegado a Galicia un total de 101.708 votos y la tasa de participación había superado el 30%, llegando al 35,2% en Lugo. Por tanto, unos 30 puntos más que en la actualidad.
La propuesta que hizo llegar el Gobierno a la subcomisión de reforma electoral tiene que ser analizada ahora por el resto de grupos. Lo cierto es que existe bastante consenso sobre la necesidad de eliminar el ruego del voto que se introdujo en el año 2011 y Pedro Sánchez pidió al resto de grupos que aceleraran los trabajos para acabar con el sistema para las próximas elecciones europeas y autonómicas del 26 de mayo. Fue una de sus propuestas más aplaudidas en sus encuentros con las colectividades de expatriados durante su gira por Latinoamérica este verano.
El Ejecutivo socialista esta reforma electoral tendría un prólogo, que sería la proposición de ley impulsada por Unidos Podemos en el Senado y aprobada por unanimidad que multiplicaría la colectividad gallega y española en el exterior con la concesión de la nacionalidad a millares de familiares de emigrantes. Aunque el PSOE pretende excluir los nietos de emigrantes de esta modificación legislativa, de aprobarse tal y como está formulada, no solo el censo de la diáspora gallega aumentaría en mucho la actual cifra de 516.000, sino también la de personas inscritas en el CERA y con pleno derecho a voto, que en la actualidad anda rondando las 450.000, un censo aún por depurar. Un sistema de voto, mucho más sin las garantías necesarias, que convertiría la diáspora en un factor mucho más fundamental del que lo es ahora en cualquier convocatoria electoral.
Yo creo que el problema se soluconaba si los partidos no pudiesen tener, ni buzonear papeletas y que estás solo fueran manejadas por las comisiones electorales, para el voto por correo y el día de las elecciones, así la usurpación del voto y la simple tenencia de papeletas electorales, fueran delitos graves y penados con cárcel.
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El Gobierno de España ya trasladó al Congreso su propuesta de modificación del sistema de voto rogado para los ciudadanos en el exterior. El informe que elaboraron Exteriores, Migraciones e Interior, en consonancia con el portavoz del PSOE en la subcomisión de reforma electoral, apuesta por que los inscritos fuera de España reciban directamente la documentación electoral sin necesidad de tener que rogar el voto y con una particularidad a la hora de ejercerlo: tendrán que escribir su opción electoral en la papeleta. Este cambio abre la puerta a que más de 400.000 personas inscritas en el Censo de Residentes Ausentes (CERA) de alguna de las cuatro provincias gallegas sin control de identidad previo.
El portavoz socialista, Gregorio Cámara, trasladó al resto de portavoces la propuesta en la que trabajó junto a los técnicos del Ejecutivo central y la Oficina Electoral. "La propuesta parte de la eliminación del ruego de voto", afirmó Cámara tras la reunión.
El voto rogado, que se puso en marcha en 2011, obliga los electores en el exterior a solicitar previamente el voto en cada convocatoria de generales, autonómicas y europeas. La participación de los inscritos en el CERA cayó a niveles mínimos en las últimas convocatorias electorales, también en Galicia, al regir un sistema que mermó muchísimo el número de votantes pero acabó también con el fraude que imperó durante décadas en todas las citas electorales, nombradamente en territorios con importantes colectividades emigrantes, como en el caso gallego.
La principal novedad de la propuesta del Gobierno es que los electores recibirían directamente la información electoral sin necesidad de hacer un trámite administrativo exclusivo para las elecciones. En esa documentación recibirán, de aprobarse este procedimiento, la papeleta en blanco y tendrán que escribir su opción. Para Cámara esa solución permite acortar los plazos. Una vez cubierta la documentación, los electores tienen dos opciones: acudir al correspondiente consulado a votar --tendrán cuatro días para votar presencialmente frente a los dos que se habilitan actualmente, según el diputado socialista-- o hacerlo por correo. El envío podrá hacerse por correo común sin la obligatoriedad de que sea certificado. Para el diputado socialista es una forma de garantizar la gratuidad a la hora de ejercer el derecho al voto.
Para Cámara este procedimiento busca "mejorar y facilitar el voto de los españoles residentes en el extranjero sin merma de ninguna garantía y al mismo tiempo permitiendo una ampliación de plazos". "Con esta medida ganamos 17 días para que los electores puedan disponer de toda la información electoral y puedan emitir su voto", dijo Cámara. Además, la propuesta del Ejecutivo expone que la ley habilite al Gobierno a establecer junto con la Xunta Electoral un procedimiento exclusivo para "algunos países donde no sea posible seguir ese procedimiento".
La duda es ie esa "ampliación de plazos sin merma de ninguna garantía" implica volver a un sistema, el anterior a 2011, donde las sospechas o denuncias de fraude, los votos de personas fallecidas y el descontrol en la cosecha de papeletas eran comunes. El mismo problema que llegará de no aplicarse mayores y mejores garantías en los comicios y de no controlarse previamente la identidad antes del envío de las papeletas.
El sistema vigente a estas horas, lo del voto rogado, es con el que quieren acabar desde hace tiempo PP y PSOE, los mismos partidos que habían acordado ponerlo en marcha hace siete años con el apoyo de BNG, CiU y PNV. Los dos grandes partidos instaron ya dar marcha atrás en este aspecto de la nueva ley electoral a los dos años de implantarlo y siguieron intentando acabar con él en esta legislatura, con el apoyo también de Podemos y Ciudadanos. Con el cambio en el Gobierno de Madrid, los socialistas volvieron a dejar clara su prioridad en el caso de impulsar otra modificación legislativa.
La contundencia en el rechazo surge, en muchos casos, del intento por acabar con los atrancos que la nueva y reciente emigración encontró en los últimos comicios autonómicos y estatales. Son residentes temporales que denunciaron las dificultades para votar también en las municipales, vetados para integrantes del CERA, a pesar de tenerse apuntando como transeúntes en los consulados. Poco el nada que ver con el censo de personas emigradas y asentadas desde hace décadas en otros países.
El sistema anterior al del voto rogado implicaba que todas las personas inscritas en el CERA recibían la documentación electoral en la casa sin pedirla previamente y podían remitirla sin necesidad de que nadie comprobara su identidad y los votos se incorporaban al resultado electoral del interior sin controles que permitieran acreditar, por ejemplo, si el elector de que se tratara era una persona viva o, por el contrario, ya había fallecido y alguien había votado en su nombre. No obstante, estos controles implicaron también notables obstáculos para votar a las personas que residen temporalmente en el exterior, a pesar de ser su situación obviamente distinta.
En las últimas elecciones autonómicas en Galicia de septiembre de 2016, la participación de las personas inscritas en el CERA volvió a estar marcada por una elevadísima abstención. Rondó el 98%, porcentaje semejante a la de cada convocatoria electoral desde que en 2011 se había instaurado la obligatoriedad de solicitar formalmente la votación. De las más de 446.000 personas gallegas con pleno derecho a voto en el exterior, tan sólo unas 19.700 completaron los trámites para ejercer su derecho. De ellas, únicamente 10.777 remitieron su sufragio en tiempo y forma. Nos últimos comicios generales, en el conjunto del Estado, solo votaron el 7,6% de los españoles que viven fuera.
El bajísimo porcentaje, por ejemplo en las últimas elecciones gallegas, contrasta con la que se dio nos últimos comicios autonómicos sin voto rogado: en 2009 --cuando figuraban en el CERA unas 335.000 personas--, habían llegado a Galicia un total de 101.708 votos y la tasa de participación había superado el 30%, llegando al 35,2% en Lugo. Por tanto, unos 30 puntos más que en la actualidad.
La propuesta que hizo llegar el Gobierno a la subcomisión de reforma electoral tiene que ser analizada ahora por el resto de grupos. Lo cierto es que existe bastante consenso sobre la necesidad de eliminar el ruego del voto que se introdujo en el año 2011 y Pedro Sánchez pidió al resto de grupos que aceleraran los trabajos para acabar con el sistema para las próximas elecciones europeas y autonómicas del 26 de mayo. Fue una de sus propuestas más aplaudidas en sus encuentros con las colectividades de expatriados durante su gira por Latinoamérica este verano.
El Ejecutivo socialista esta reforma electoral tendría un prólogo, que sería la proposición de ley impulsada por Unidos Podemos en el Senado y aprobada por unanimidad que multiplicaría la colectividad gallega y española en el exterior con la concesión de la nacionalidad a millares de familiares de emigrantes. Aunque el PSOE pretende excluir los nietos de emigrantes de esta modificación legislativa, de aprobarse tal y como está formulada, no solo el censo de la diáspora gallega aumentaría en mucho la actual cifra de 516.000, sino también la de personas inscritas en el CERA y con pleno derecho a voto, que en la actualidad anda rondando las 450.000, un censo aún por depurar. Un sistema de voto, mucho más sin las garantías necesarias, que convertiría la diáspora en un factor mucho más fundamental del que lo es ahora en cualquier convocatoria electoral.
Si están dados de alta en el Cera, como pueden decir, sin control de identidad previo, bueno voy a leerlo.
#2 El PP no quiere perder Galicia
Yo creo que el problema se soluconaba si los partidos no pudiesen tener, ni buzonear papeletas y que estás solo fueran manejadas por las comisiones electorales, para el voto por correo y el día de las elecciones, así la usurpación del voto y la simple tenencia de papeletas electorales, fueran delitos graves y penados con cárcel.