En los últimos 10 años, el sector público tan solo ha ejecutado 26 viviendas protegidas en la autonomía valenciana frente a las más de 3.400 unidades VPO del sector privado. La parálisis ha llegado a tales niveles en la pasada década que de 2014 a 2021 la parte pública no promovió ninguna vivienda protegida en la región valenciana. También cerró 2023 'en blanco', y solo en 2022 se construyeron cuatro unidades y en 2024 un total de 22, según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
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