Sin duda, la sociedad demanda mayor transparencia, una investigación exhaustiva de lo sucedido y que “se trate a Don Juan Carlos de Borbón como si fuera un ciudadano cualquiera, un ciudadano anónimo”, asegura el ministro. Todo lo que no sea depurar responsabilidades será continuar con los privilegios para la Familia Real consagrados en la Constitución del 78.
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