La clave está en reconectar la economía y la ciudadanía, que es hoy más pobre y vulnerable porque el sistema que debería protegerla se ha convertido en un dominio privilegiado para beneficios, rentas y dividendos. Los ciudadanos pagan alquileres insostenibles, facturas más elevadas y reciben peores servicios mientras dedican tiempo y dinero a adquirir bienes esenciales porque rentistas, accionistas e inversores acumulan riqueza precisamente en los sectores decisivos para la vida cotidiana, lo que impulsa la inflación desde la década de 2000.