La Comisión quiere que los Estados miembros apliquen una reducción drástica de la carga fiscal sobre la electricidad, con el objetivo de abaratar las facturas de hogares y empresas y acelerar la descarbonización de la economía. Justifica esta urgencia por la creciente brecha de precios con potencias como China o EEUU. En el centro de esta estrategia se encuentra el empleo de todas las flexibilidades legales para llevar el Impuesto Especial sobre la Electricidad a su mínima expresión. También pone el foco en reducir el IVA.
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