Un grupo de buscadores de tesoros, autorizados por el gobierno, realiza trabajos de excavación en una finca para encontrar unos 8.000 millones de dólares que su dueño, un capo de la droga, ofreció al gobierno colombiano para pagar la deuda externa del país en los años 80, a cambio de que fuera exonerado de sus crímenes. Según informes de la prensa, la repartición pactada es de un 39,6% para el gobierno, el 22,5% para el fisco y el 37,9% para los buscadores de tesoro.
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