La CLI, ante la falta de normativa y ante las implicaciones que podría tener la implantación generalizada de RFID (identificadores por radiofrecuencia) en materia de protección de datos de carácter personal. Denuncia el hecho de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya puesto en marcha sin consultar a la Autoridad de Protección de Datos de la Comunidad Autónoma, una operación de tanta envergadura.